Ciudad de México – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró este martes, 19 de agosto de 2025, su última sesión antes de la llegada de los nuevos ministros electos por voto popular, marcando el fin de una etapa en la historia del tribunal. A partir del 1 de septiembre, la Corte experimentará una transformación profunda con la incorporación de togados elegidos en las recientes elecciones judiciales, un proceso impulsado por el partido en el Gobierno, Morena, que ha generado controversia por su impacto en la independencia judicial.
En un emotivo discurso, la presidenta saliente, Norma Piña, destacó el papel histórico de la Corte en la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la democracia constitucional. “La justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos trasciende”, afirmó Piña, quien agradeció a sus colegas y al personal judicial por su labor. Subrayó que la legitimidad del tribunal será juzgada por sus sentencias y por la sociedad misma, enfatizando que la Constitución debe seguir siendo la “brújula moral” del país. Al concluir, los asistentes al pleno, salvo las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, alineadas al oficialismo, aplaudieron a Piña y a los togados opuestos a la reforma judicial.
La sesión también dejó pendientes significativos. La Corte decidió aplazar la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, un mecanismo constitucional que ordena el encarcelamiento automático de acusados por ciertos delitos antes de una sentencia, criticado por organizaciones de derechos humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha ordenado a México eliminarlo. Dos proyectos, uno del ministro Jorge Pardo y otro de la ministra Margarita Ríos, proponían revisar esta práctica, pero fueron dejados en manos de la nueva integración de la Corte, donde se espera que las ministras afines al Gobierno, quienes permanecerán en el tribunal, busquen mantener el mecanismo.
El caso de la prisión preventiva ha generado críticas, como la del activista Daniel García Rodríguez, quien pasó 17 años en prisión por un delito que no cometió. García, uno de los 70,000 presos bajo este criterio, denunció que la medida fomenta la corrupción en las fiscalías y abogó por que los jueces decidan caso por caso quién debe permanecer en prisión.
Especialistas advierten que la llegada de ministros cercanos al oficialismo podría convertir a la Corte en un reflejo del poder político, poniendo fin a una era de deliberaciones independientes. Mientras México se prepara para este cambio, la sociedad y la historia, como señaló Piña, serán las encargadas de juzgar el legado de este tribunal.
20 de agosto de 2025
Imágen cortesía: SCJN
