El caso de los 59 millones de litros de combustible asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, dio un nuevo giro. Aunque el hallazgo se anunció inicialmente como un gran operativo contra el robo o contrabando de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República continúa revisando los documentos para determinar el origen y la situación legal del combustible. Hasta ahora no hay una conclusión oficial que permita afirmar que los 59 millones de litros sean ilegales ni que todo el cargamento haya quedado descartado de la investigación.
Los hidrocarburos se encontraban en una terminal operada por Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA. La compañía sostiene que cuenta con permisos para almacenar combustible y que presta ese servicio a otras empresas, propietarias de los productos. También afirma haber entregado información a las autoridades para acreditar la operación de la planta. La existencia de permisos para almacenar no resuelve por sí sola la procedencia de cada litro, que es precisamente lo que la Fiscalía busca verificar.
La investigación comenzó meses antes, después de que el conductor de una pipa con aproximadamente 33 mil litros de diésel no pudiera acreditar la procedencia del combustible. Esa indagatoria condujo a revisiones en otros inmuebles de Guanajuato y, posteriormente, a la terminal de San José Iturbide. La FGR informó que analiza documentos y entrevista a representantes de las empresas relacionadas para establecer la propiedad y la trazabilidad fiscal de los hidrocarburos.
La información que compartiste señala además un posible error en el nombre de la empresa mencionada en la orden de cateo y un cambio en la delegación de la FGR en Guanajuato. Esos dos puntos aún requieren confirmación documental, por lo que conviene presentarlos como reportes preliminares y no como hechos resueltos.
