Minneapolis, Minnesota, 26 de enero de 2026 – La muerte del enfermero Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, baleado el sábado por un agente de la Patrulla Fronteriza durante operativos migratorios en Minneapolis, ha desatado una ola de indignación, protestas y divisiones políticas en Estados Unidos. Múltiples videos de testigos contradicen la versión oficial del Gobierno federal, que sostiene que el agente disparó porque “temió por su vida” al creer que Pretti portaba un arma.
Según los relatos iniciales de autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Pretti se resistió violentamente durante un operativo para detener a un ciudadano ecuatoriano buscado por delitos menores. Sin embargo, al menos cuatro grabaciones difundidas por testigos muestran al enfermero acercándose a ayudar a una persona derribada por agentes, con un teléfono en la mano y la otra levantada, sin evidencia visible de un arma de fuego.
Los padres de Pretti, Michael y Susan, emitieron un comunicado en el que calificaron a los agentes como “matones asesinos y cobardes”, rechazaron la narrativa oficial y afirmaron que su hijo era un profesional dedicado que cuidaba a veteranos en un hospital local. “Alex era un alma bondadosa que quería marcar una diferencia”, declararon, y pidieron difundir la verdad sobre lo ocurrido.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el incidente como “un punto de inflexión” para el país y acusó a la Administración Trump de bloquear el acceso a la escena, eliminar pruebas y difamar a la víctima. Un juez federal ordenó esta madrugada preservar toda la evidencia relacionada con el tiroteo, tras una demanda presentada por autoridades estatales que denunciaron impedimentos para investigar.
La controversia se intensificó con declaraciones del presidente Donald Trump, quien inicialmente culpó a líderes demócratas y a “jurisdicciones santuario” por el caos, y aseguró que los agentes federales han hecho “un trabajo fenomenal”. En una entrevista posterior, Trump indicó que revisa el caso y que en “algún momento” retirará a los oficiales de Minneapolis. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, han defendido la actuación de los agentes, quienes siguen en funciones aunque reubicados.
La reacción política ha sido inmediata. Más de 120 congresistas demócratas respaldan una resolución de juicio político contra Noem por la conducta de ICE y CBP bajo su supervisión. La senadora Amy Klobuchar rechazó la versión oficial y exigió una investigación transparente, mientras que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, demandó la renuncia de Noem y el despido de Bovino. Algunos republicanos, como Andrew Garbarino, Susan Collins y Lisa Murkowski, han pedido una pesquisa a fondo y bipartidista.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, amenazó con bloquear fondos adicionales al DHS, lo que podría derivar en un nuevo cierre parcial del Gobierno a partir del 31 de enero. Líderes empresariales de Minnesota, incluyendo directivos de Target, Mayo Clinic, 3M y Best Buy, emitieron una carta conjunta pidiendo cooperación entre autoridades locales, estatales y federales para encontrar soluciones y restaurar la paz.
En las calles de Minneapolis, las protestas continúan con veladoras, flores y consignas contra la represión. La Asociación de Jugadores de la NBA (NBAPA) emitió un comunicado defendiendo la libertad de expresión y solidarizándose con los manifestantes, mientras que residentes y trabajadores de la salud expresan temor y determinación: “Van a matar a algunos de nosotros, pero si no arriesgamos ahora, seguirán matándonos”, dijo una manifestante.
El DHS lidera la investigación del tiroteo —con apoyo del FBI y el Departamento de Justicia—, pese a que es habitual que el FBI dirija estos casos cuando involucran a agentes federales. Una audiencia sobre medidas cautelares solicitadas por Minnesota está programada para este lunes en corte federal.
Imágen cortesía: The Telegraph
