Organizaciones jurídicas nacionales e internacionales calificaron como un paso positivo la suspensión del proceso legislativo de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el Ejecutivo federal. La decisión de frenar temporalmente el dictamen se da en medio de crecientes críticas por posibles riesgos a la libertad de expresión.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), junto con el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, aplaudieron la decisión del Senado de retirar el proyecto para someterlo a revisión técnica, jurídica y social. Ambas entidades alertaron sobre los riesgos de delegar amplios poderes a la Agencia de Transformación Digital sin controles claros ni definiciones específicas.
“Es un acierto que, ante las protestas sociales y los señalamientos de diversos sectores, la presidenta de la República haya reconocido la necesidad de abrir un proceso de diálogo”, indicaron en un comunicado conjunto.
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es el artículo 109, que facultaría a la Agencia a bloquear plataformas digitales por presuntas violaciones normativas. Para muchos críticos, esto podría abrir la puerta a lo que han denominado “autoritarismo digital”, al permitir bloqueos sin supervisión judicial ni criterios transparentes.
El retiro del dictamen fue coordinado por la Junta de Coordinación Política del Senado, que ahora organizará mesas de diálogo abiertas con representantes del sector económico, académico, social y técnico. La presidenta Claudia Sheinbaum había vinculado esta propuesta con la necesidad de impedir la difusión de propaganda extranjera pagada, tras la aparición de mensajes publicitarios de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, en territorio mexicano.
Tanto la BMA como el centro de estudios de Stanford insistieron en que cualquier reforma en esta materia debe respetar estándares internacionales en derechos humanos y, particularmente, el derecho a la libertad de expresión.
“Instamos a que la futura discusión incorpore un análisis riguroso desde la óptica de los derechos humanos”, concluyeron.
