Santa Teresa, Nuevo México, 12 de junio de 2025 – Las fuerzas armadas de Estados Unidos han iniciado detenciones directas de migrantes acusados de ingresar sin autorización a una nueva “zona de defensa nacional” en la frontera sur, cerca de Santa Teresa, Nuevo México, marcando una escalada en el papel del ejército en el control migratorio. Según el teniente coronel Chad Campbell, tres migrantes fueron interceptados la semana pasada por soldados, quienes los retuvieron brevemente antes de entregarlos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Estas detenciones forman parte de una estrategia de la administración del presidente Donald Trump, que ha designado dos zonas de defensa militar nacional en Nuevo México y un tramo de 97 kilómetros en el oeste de Texas, desde El Paso hasta Fort Hancock. Además, se ha transferido la supervisión de terrenos del Departamento del Interior al Departamento de Defensa por tres años, con planes de establecer más zonas militarizadas, según Geoffrey Carmichael, portavoz de un grupo de trabajo de seguridad fronteriza.
Las autoridades defienden estas medidas como un refuerzo a los esfuerzos de la CBP para garantizar la seguridad fronteriza y disuadir el contrabando humano. Walter Slosar, agente jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, afirmó que las zonas militarizadas buscan crear un “entorno fronterizo más humano” al reducir la explotación de migrantes por parte de contrabandistas. Sin embargo, la estrategia ha generado controversia, ya que las tropas operan bajo una excepción a la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas realizar tareas de aplicación de la ley civil, salvo en casos específicos.
Críticos, incluidos abogados defensores y algunos jueces, han cuestionado la legalidad de los cargos por violar zonas de defensa nacional, que conllevan hasta 18 meses de prisión, además de sanciones por entrada ilegal. Un juez en Nuevo México desestimó más de 100 de estos cargos, argumentando que los migrantes no tenían conocimiento de las zonas militarizadas. En Texas, una mujer peruana fue absuelta en un juicio similar. A pesar de estos reveses, el fiscal federal Justin Simmons insistió en que continuarán presentando cargos por allanamiento de zonas militares.
La militarización de la frontera coincide con crecientes tensiones en Los Ángeles, donde decenas de alcaldes han exigido el cese de las redadas migratorias, que han desatado protestas a nivel nacional. Trump ha autorizado el despliegue de 2,000 miembros adicionales de la Guardia Nacional, sumando un total de más de 4,100 efectivos, junto con 700 marines, para responder a las manifestaciones en la ciudad.
El uso de tropas en operativos migratorios y la expansión de zonas militarizadas han intensificado el debate sobre las políticas de inmigración de Trump, mientras críticos advierten sobre el impacto en comunidades migrantes y el precedente que establece la intervención militar en asuntos civiles.
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