Washington, 2 de mayo de 2025 – El presidente Donald Trump anunció este viernes en Truth Social su intención de revocar el estatus de exención fiscal de la Universidad de Harvard, en una medida que parece ser una represalia tras la demanda presentada por la institución contra la Administración Trump. La universidad cuestionó la decisión del gobierno de congelar más de 2,000 millones de dólares en fondos federales, luego de que Trump acusara a Harvard de no combatir el antisemitismo en su campus.
“Vamos a quitarle a Harvard su estatus de exención de impuestos. ¡Es lo que se merecen!”, escribió Trump en su plataforma. Sin embargo, expertos advierten que esta acción enfrentaría serios obstáculos legales, ya que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está protegido contra influencias políticas directas.
En respuesta, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, junto con otros senadores demócratas, pidió al Departamento del Tesoro que investigue si la solicitud de Trump viola leyes destinadas a garantizar la independencia del IRS. “Es ilegal e inconstitucional que el IRS sea usado como arma para castigar a entidades por ejercer su libertad de expresión”, declararon los senadores en una carta.
Corte de fondos a NPR y PBS
En otra decisión controversial, Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para eliminar la financiación pública de National Public Radio (NPR) y Public Broadcasting Service (PBS), acusándolas de promover una “cobertura sesgada y partidista”. La orden instruye a la Corporation for Public Broadcasting (CPB) a cesar los fondos federales a ambas organizaciones, que reciben aproximadamente 500 millones de dólares anuales, aunque NPR asegura que menos del 1% de su presupuesto proviene de fuentes públicas.
La Casa Blanca justificó la medida argumentando que el panorama mediático actual ofrece suficientes alternativas informativas, y calificó a NPR y PBS de difundir “propaganda radical disfrazada de noticias”. Trump y sus aliados, incluido Elon Musk, han criticado repetidamente a estas cadenas por supuesta parcialidad hacia causas progresistas, acusaciones que ambas organizaciones rechazan.
Patricia Harrison, presidenta de la CPB, defendió la independencia de la corporación, subrayando que no está sujeta a la autoridad presidencial y que su financiación es autorizada directamente por el Congreso. Por su parte, Kate Riley, de America’s Public Television Stations, advirtió que la orden ejecutiva “devastaría” los servicios de medios públicos, especialmente en áreas rurales donde son la única fuente de información local.
Ambas medidas han generado fuertes críticas y se espera que enfrenten desafíos legales. Harvard, NPR y PBS no han emitido comentarios inmediatos, pero la controversia pone en el centro del debate la relación entre el gobierno y las instituciones independientes en Estados Unidos.
Imágen cortesía: LaSalle
