La administración del presidente Donald Trump intensificó su disputa legal con jueces federales que han frenado varios de sus intentos por retirar protecciones migratorias, al solicitar a la Corte Suprema de Estados Unidos un fallo que le permita avanzar con mayor rapidez en su política de deportaciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió al máximo tribunal que despeje el camino para terminar con programas de protección temporal que benefician a migrantes de diversos países, entre ellos Haití y Siria. La administración sostiene que el gobierno federal tiene autoridad para cancelar estos programas sin que los tribunales intervengan.
Sin embargo, varios tribunales inferiores han bloqueado esas decisiones. Un juez federal en Washington D.C. determinó que la eliminación de protecciones para ciudadanos haitianos podría haber estado influida por prejuicios contra inmigrantes no blancos, una resolución que posteriormente fue respaldada por una corte de apelaciones.
A pesar de estos obstáculos, la Corte Suprema ya permitió previamente a la administración avanzar con la cancelación de protecciones para cientos de miles de migrantes provenientes de Venezuela, mientras el litigio continúa.
El gobierno ahora busca una decisión más amplia que establezca que los tribunales no pueden cuestionar las medidas adoptadas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dentro de su estrategia de deportaciones masivas.
El procurador general D. John Sauer argumentó que algunos jueces han ignorado decisiones previas del máximo tribunal, generando un ciclo de bloqueos judiciales que, según dijo, continuará si la Corte Suprema no interviene.
En medio de la disputa legal, más de 175 exjueces firmaron un posicionamiento en el que señalan que las resoluciones emitidas en procesos de emergencia no deben considerarse precedentes definitivos, por lo que piden que el caso siga el proceso normal de apelaciones.
El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) fue creado para proteger a personas de países afectados por desastres naturales, conflictos o crisis políticas. En el caso de Haití, la protección fue otorgada por primera vez tras el devastador terremoto de 2010 y ha sido extendida en varias ocasiones debido a la persistente violencia y crisis humanitaria en ese país.
No obstante, el gobierno estadounidense sostiene que las condiciones han mejorado y ha decidido cancelar protecciones que también alcanzaban a cientos de miles de personas originarias de países como Ucrania, Afganistán y Camerún, una medida que podría exponer a muchos de ellos a procesos de deportación.
