El Gobierno de Donald Trump anunció la apertura de un nuevo centro de detención para inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves, ubicado en la Penitenciaría Estatal de Louisiana, conocida como Angola, la prisión de máxima seguridad más grande de Estados Unidos. Denominado “Camp 57”, en honor al gobernador republicano de Louisiana, Jeff Landry, como el 57º gobernador del estado, el centro tendrá capacidad para más de 400 hombres, con la mitad de ellos trasladados antes de finales de septiembre.
Ubicada a una hora al norte de Baton Rouge, en un terreno de 18.000 acres, Angola tiene una reputación infame, apodada históricamente como el “Alcatraz del Sur” por su historial de condiciones duras y violencia. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó que la notoriedad de la prisión fue un factor clave en su elección. “Este es el mensaje para los inmigrantes indocumentados acusados de delitos: si victimizas a alguien en este país, habrá consecuencias y terminarás aquí”, afirmó Noem. El centro, que reutiliza una sección previamente abandonada, posiblemente el antiguo Camp J, conocido como “el Calabozo” por sus celdas de aislamiento, estará aislado de la población penal regular.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, elogió la iniciativa, afirmando que “Louisiana será un ejemplo para el resto del país”. Funcionarios del Gobierno presentaron “Camp 57” como un componente clave de la agenda de Trump para combatir la inmigración irregular y el crimen violento, enfocándose en lo que llaman “lo peor de lo peor”. Actualmente, 51 detenidos ya han sido trasladados al centro, según el Departamento de Seguridad Nacional.
La instalación forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para expandir la capacidad de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Louisiana, con nueve centros de detención y una capacidad combinada de 6.000 personas, es el segundo estado con mayor infraestructura de este tipo, solo superado por Texas. Este proyecto sigue a otros como el “Alligator Alcatraz” en Florida, cuya operación fue suspendida por una jueza federal, y el “Cornhusker Clink” en Nebraska. Además, se han anunciado centros en Indiana y Texas, mientras Florida planea abrir un “Deportation Depot”.
El uso de Angola ha generado críticas debido a su historial. En 2021, un juez determinó que la prisión ofrecía atención médica inadecuada, y ha enfrentado denuncias por obligar a reclusos a trabajar en condiciones peligrosas, como cosechar bajo temperaturas extremas, en lo que antes fue una plantación esclavista. A pesar de las reformas ordenadas en el pasado, la decisión de albergar inmigrantes en esta prisión plantea interrogantes sobre las condiciones que enfrentarán los detenidos.
Con un presupuesto de US$ 45.000 millones aprobado por el Congreso para la detención de inmigrantes, un aumento del 265% respecto al presupuesto anterior de ICE, el Gobierno busca añadir 80.000 nuevas camas de detención a las 41.500 existentes. Este impulso refleja la prioridad de la administración Trump de intensificar las deportaciones, aunque enfrenta oposición legal y críticas de defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten sobre las condiciones en lugares como “Camp 57”.
Imágen cortesía: CNN