Una nueva política migratoria impulsada por la Administración Trump ha generado una ola de indignación en Illinois, luego de que decenas de niños migrantes recibieran cartas oficiales advirtiéndoles que deben abandonar de inmediato Estados Unidos, pese a haber ingresado legalmente bajo permisos humanitarios.
“Es hora de que salgas de Estados Unidos”, se lee al inicio de las misivas enviadas a nombre de los menores por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las cartas, de tono amenazante, advierten sobre posibles procesos penales, multas y deportaciones, y aseguran que el Gobierno “te encontrará” si intentas permanecer en el país sin autorización.
La medida ha sido calificada como “una barbaridad” por líderes civiles y religiosos del área de Waukegan, al norte de Chicago, donde niños mexicanos y centroamericanos, que llegaron como menores no acompañados en 2014, han comenzado a recibir estos avisos. Muchos de ellos viven actualmente con sus padres o familiares indocumentados y carecen de representación legal adecuada, ya que la ley migratoria no permite que sean defendidos por sus propios tutores.
“Esto es algo que nunca habíamos visto. Estados Unidos está perdiendo su humanidad”, lamentó la pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope. Algunos menores ya han buscado refugio en iglesias, mientras otros han quedado al cuidado de activistas por temor de sus familiares a ser también detenidos.
Expertos en derechos humanos y abogados denuncian un “desmantelamiento silencioso” del sistema de protección a menores, ya que muchos están perdiendo sus permisos humanitarios sin que se respeten las garantías del debido proceso. En los últimos meses, más de 53 mil menores han recibido órdenes de deportación, incluyendo niños de tan solo 4 años.
Grupos defensores han demandado al gobierno para restablecer el acceso a defensa legal gratuita, en cumplimiento de la Ley contra la Trata de 2008, pero la presión de la política migratoria de línea dura impuesta por Trump sigue intensificándose.
La controversia pone de nuevo en el centro del debate la criminalización de la infancia migrante, en un contexto donde, cada vez más, la niñez es blanco directo de las decisiones del poder federal.
