La administración del presidente Donald Trump intensificó el uso del sistema carcelario local para detener a migrantes, al apoyarse en al menos 150 cárceles de condados ante un aumento del 49% en la población migrante retenida desde su llegada al poder. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en julio fueron contabilizadas más de 55 mil personas bajo custodia, casi 18 mil más que al inicio de su mandato.
Este crecimiento ha obligado a ICE a ampliar su red de centros de detención, incluyendo prisiones federales, instalaciones privadas y nuevos espacios como el polémico centro de detención apodado “Alligator Alcatraz”, ubicado en Florida. A pesar de su reciente apertura, este sitio no aparece en los registros oficiales del organismo, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de la información.
De acuerdo con organizaciones civiles como Vera Institute y Prison Policy Initiative, el número real de instalaciones utilizadas podría ser mayor al reportado. Se estima que entre mayo y junio, cerca de 10 mil migrantes fueron retenidos en al menos 80 cárceles locales, mientras que otro informe identificó más de 6 mil personas distribuidas en 150 de estas instalaciones.
A esto se suma el hecho de que, según el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, siete de cada diez migrantes detenidos no cuentan con sentencias criminales, lo que refuerza las críticas al sistema por tratar a personas en situación migratoria como si fueran criminales. Además, se reporta que tres de cada cuatro instalaciones que operan por encima de su capacidad son cárceles del sistema local.
Expertos coinciden en que este fenómeno no es nuevo, pero sí preocupante por su escala. “Estados Unidos lleva décadas usando prisiones para detener migrantes, pero ahora los números son impactantes”, señala Michael Flynn, director del Global Detention Project. Flynn advierte que el país continúa ignorando acuerdos internacionales que exigen distinguir entre detenciones por razones migratorias y criminales.
La situación se agrava por la creciente participación de empresas privadas. Nueve de cada diez migrantes están recluidos en centros administrados total o parcialmente por contratistas privados, mientras que el presupuesto destinado a ICE podría alcanzar los 45 mil millones de dólares para 2029, superando ampliamente el gasto en prisiones federales, según el American Immigration Council.
“El sistema de detención migratoria ha funcionado como un mosaico improvisado de instalaciones federales, prisiones privadas y cárceles locales. Pero lo que vemos ahora es una expansión sin precedentes”, alerta Jeff Migliozzi, portavoz de Freedom for Immigrants.
Con este panorama, la crítica apunta no solo al endurecimiento de políticas migratorias, sino a la opacidad y el negocio detrás de un sistema que sigue creciendo, muchas veces lejos del escrutinio público.
