La directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunció este lunes que, por orden del presidente Donald Trump, se han revocado los permisos de seguridad de varios exfuncionarios destacados de la administración de Joe Biden y se ha suspendido el envío de informes diarios al exmandatario.
Entre los afectados por esta decisión se encuentran el exsecretario de Estado Antony Blinken, el exasesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y la exsubsecretaria de Justicia Lisa Monaco. Asimismo, se incluyen en la lista los abogados Mark Zaid, Norman Eisen y Andrew Weissmann, así como la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg.
La orden también alcanza a los 51 exagentes de inteligencia que, en octubre de 2020, firmaron una carta en la que sugerían que la controversia en torno al ordenador portátil de Hunter Biden, hijo del actual presidente, tenía las características de una operación de desinformación rusa. Gabbard calificó esta misiva como una “carta de desinformación”.
Desde su regreso al poder en enero, Trump ya había advertido sobre su intención de revocar estas autorizaciones de seguridad. La decisión se enmarca dentro de la tensión política entre el actual gobierno y los miembros de la administración anterior.
El caso del ordenador de Hunter Biden ha sido un punto de controversia política en EE.UU. Desde 2020, algunos sectores han cuestionado la autenticidad de los correos electrónicos publicados por el diario The New York Post, los cuales supuestamente provenían de un ordenador que Biden dejó en una tienda de reparación en Wilmington, Delaware.
Según estos mensajes, cuando Joe Biden era vicepresidente, su hijo Hunter le presentó a un ejecutivo de la empresa de gas natural ucraniana Burisma Holdings, que estaba bajo investigación del entonces fiscal general de Ucrania, Víktor Shokin. El entorno de Trump ha sostenido que Biden presionó para la destitución de Shokin con el objetivo de proteger a su hijo, una acusación que el actual presidente y su equipo han rechazado reiteradamente.
Esta medida de la administración Trump podría generar reacciones tanto a nivel político como legal en los próximos días, en un contexto de creciente polarización en Washington.
