El caso es el primero de este año relacionado con armas de fuego que revisarán los jueces de la Corte Suprema. La ley bajo escrutinio ha bloqueado cerca de 77,800 ventas de armas de fuego en los últimos 25 años, pero grupo defensores de la Segunda Enmienda alegan que es inconstitucional.
La Corte Suprema escucha este martes los argumentos de denunciantes y defensores de una ley federal de 1994 que prohíbe tener armas a las personas sobre las que pesan órdenes de alejamiento por violencia doméstica.
Se trata del primer caso relacionado con armas de fuego que llega este año a los jueces de la Corte Suprema, que el año pasado en New York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen ya amplió los derechos sobre las armas y cambió la forma en que los tribunales evalúan si las restricciones violan el derecho constitucional a “poseer y portar armas” de la Segunda Enmienda.
El caso es particularmente llamativo por el protagonismo en él que tiene Zackey Rahimi, implicado en varios tiroteos y acusado por violencia doméstica. Un juzgado de apelaciones anuló su condena señalando que la ley sobre la que se le juzgó es inconstitucional a la luz de la decisión de la Corte Suprema en el caso Bruen.
El controversial caso ha ganado la atención de organizaciones defensoras del derecho a las armas como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), la Fundación Segunda Enmienda y el Phyllis Schlafly Eagles, que buscan aportar opiniones en el desarrollo del proceso.
La norma en cuestión ha bloqueado cerca de 77,800 ventas de armas de fuego en los últimos 25 años, según Shira Feldman, directora de litigios constitucionales del grupo de prevención de la violencia armada Brady.
“Está en juego una ley que funciona y que ha sido apoyada tanto por republicanos como por demócratas en el Congreso”, dijo Feldman.
En defensa de la ley, el gobierno cuenta con el apoyo de organizaciones que promueven el control de armas como Survivor Justice Action, que preside Ruth Glenn.
Ella misma fue víctima de violencia doméstica. En junio de 1992, cuando salía de un túnel de autolavado recibió tres disparos, dos en la cabeza, y fue dada por muerta.
El autor de los disparos, su exmarido, tenía una orden judicial de alejamiento. Pero en aquel momento no existía ninguna ley federal que le prohibiera tener un arma.
Glenn sobrevivió de algún modo al tiroteo sin daños cerebrales y fue dada de alta del hospital al cabo de tres días. Pero ella y su hijo vivieron atemorizados durante varios meses, antes de que el agresor se quitara la vida con la misma pistola.
“No habría podido acceder al arma si tuviéramos las leyes actuales en vigor”, dijo Glenn a la AP.
Lo que muestran las estadísticas sobre armas y violencia doméstica
La mayoría de los homicidios de cónyuges, parejas, hijos o familiares han sido cometidos utilizando armas de fuego, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
El 57% de esos homicidios fue cometido con armas de fuego en 2020 , un año en el que se produjo un aumento general de la violencia doméstica durante la pandemia de coronavirus.
