Mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debate en Viena el futuro de las políticas de drogas, expertos advierten que los recortes en la financiación de programas de prevención y tratamiento por parte de Estados Unidos podrían desencadenar una crisis sanitaria a nivel mundial. La reducción de estos fondos amenaza con aumentar las sobredosis y la propagación de enfermedades como el VIH, la hepatitis C y la tuberculosis.
Catherine Cook, representante de la organización Harm Reduction International (HRI), enfatiza que sin estos programas, la situación podría agravarse considerablemente. “Sin estos programas, es inminente un aumento del VIH, la hepatitis C y la tuberculosis”, aseguró en declaraciones a la agencia EFE.
El Gobierno de Donald Trump tomó la decisión de cancelar el 83% de los programas de ayuda exterior financiados previamente por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Tras su llegada al poder en enero, la administración estadounidense suspendió temporalmente la ayuda exterior durante 90 días con el objetivo de revisar el gasto en todos los programas, lo que afectó la financiación de cientos de organizaciones no gubernamentales en distintas partes del mundo.
Según Cook, los recortes han tenido un impacto significativo en países de África Subsahariana y en algunas naciones de Asia, como India. En lugares como Kenia y Zambia, el cierre de decenas de clínicas ha dejado a miles de personas sin acceso a servicios esenciales. En Nigeria, por ejemplo, se han suspendido programas de intercambio de jeringuillas que eran clave para evitar la propagación de enfermedades infecciosas.
Las consecuencias ya se están manifestando de manera preocupante. “Se han reportado muertes por sobredosis como resultado del cierre de servicios”, advirtió Cook. La experta también señaló que estos recortes se suman a la disminución de fondos provenientes de varios países europeos, lo que agrava aún más la crisis en los programas de reducción de daños.
El futuro de estas políticas dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en los foros internacionales y de la disposición de los gobiernos a priorizar la salud pública en el marco de la lucha contra las drogas. Mientras tanto, la comunidad médica y las organizaciones de derechos humanos continúan alertando sobre los riesgos de dejar sin recursos a los programas de prevención y tratamiento.
