Una jueza federal del Distrito Central de California determinó que el gobierno no puede mantener detenidos sin posibilidad de fianza a miles de inmigrantes indocumentados capturados en operativos migratorios dentro del territorio estadounidense.
La magistrada Sunshine S. Sykes certificó una demanda colectiva a nivel nacional y ratificó su fallo de la semana pasada, en el que declaró ilegal la interpretación adoptada en julio por la administración Trump que ampliaba la categoría de “applicants for admission” (solicitantes de admisión) a personas que ya residían en Estados Unidos, aunque de manera irregular.
Con esa reinterpretación, el gobierno había comenzado a aplicar detención obligatoria y a negar audiencias de fianza incluso a inmigrantes que llevaban años viviendo en el país y que fueron arrestados lejos de la frontera.
La jueza Sykes rechazó esa expansión argumentando que la ley federal de inmigración distingue claramente entre quienes son detenidos al intentar ingresar al país y aquellos que ya se encuentran dentro del territorio, aunque no tengan estatus legal.
El fallo abre la puerta a que miles de migrantes actualmente detenidos puedan solicitar una audiencia de fianza mientras se resuelven sus procesos de deportación, lo que en muchos casos podría derivar en su liberación bajo supervisión.
La decisión representa un nuevo revés judicial a las políticas migratorias más duras impulsadas durante el gobierno de Donald Trump y podría tener impacto inmediato en centros de detención de todo el país.
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