El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se prepara para convertirse en la mayor agencia de seguridad del país, tras la firma por parte del presidente Donald Trump de un presupuesto sin precedentes que eleva sus recursos a 75 mil millones de dólares, superando incluso a casi todos los ejércitos del mundo, salvo potencias como Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saud
El paquete financiero, aprobado el 4 de julio, asigna 45 mil millones de dólares para la construcción de nuevos centros de detención hasta 2029, un aumento del 62 % respecto al sistema federal penitenciario actual, con la expectativa de mantener una detención diaria de 116 mil personas, según un análisis del American Immigration Council (AIC).
Además, el ICE recibirá casi 30 mil millones de dólares para operativos, permitiendo la contratación de 10 mil nuevos agentes que se sumarán a los 20 mil existentes, con la meta de alcanzar un millón de deportaciones anuales. Otros 4 mil 100 millones se destinarán a reforzar la Patrulla Fronteriza y oficiales de aduanas.
Este incremento pone a ICE por encima del presupuesto combinado de otras agencias de seguridad como el FBI, Servicio Secreto, DEA y ATF, alertó el Instituto Cato.
Organizaciones civiles califican este aumento como “dramático” e “indignante”, ante el contexto de múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos, incluyendo la muerte de 11 migrantes bajo custodia de ICE en lo que va del año fiscal 2025, casi igualando el total del año pasado.
Neera Tanden, presidenta del Center for American Progress, señaló que el incremento financia una agencia que ha sembrado temor en comunidades por todo el país, mientras Frank Sharry, fundador de America’s Voice, denunció que el ICE está transformándose en una “policía secreta” que podría afectar incluso a ciudadanos estadounidenses.
El presupuesto para migración total, sumando otros rubros como el muro fronterizo con México (más de 46 mil millones) y tecnologías de vigilancia, supera los 170 mil millones de dólares, un blindaje sin precedentes en la frontera, que según autoridades aún requiere completar infraestructura y sistemas tecnológicos.
Frente a esto, líderes latinos como Clarissa Martínez, de UnidosUS, exhortan a redirigir los fondos hacia una modernización del sistema migratorio en lugar de reforzar políticas que, aseguran, dañan el debido proceso y afectan tanto a inmigrantes como a ciudadanos por su apariencia.
El despliegue financiero de la administración Trump plantea un giro radical en la política migratoria estadounidense y agudiza el debate sobre derechos humanos, seguridad y control fronterizo.
