En un fallo histórico, una jueza federal de Boston dictaminó este miércoles que el Gobierno de Donald Trump bloqueó de manera ilegal más de US$ 2.000 millones en fondos federales destinados a la Universidad de Harvard, otorgando una victoria significativa a la prestigiosa institución de la Ivy League. La decisión, emitida por la jueza Allison Burroughs, designada por el expresidente Barack Obama, anuló una orden de congelamiento emitida en abril que retenía subvenciones plurianuales para investigaciones científicas.
Burroughs rechazó el argumento del Gobierno, que justificaba la medida como un esfuerzo para combatir el antisemitismo en el campus. En su fallo de 84 páginas, la jueza afirmó que el Ejecutivo usó el antisemitismo como “una cortina de humo” para un ataque ideológicamente motivado contra universidades de élite. “Sus acciones han puesto en peligro décadas de investigación y el bienestar de quienes podrían beneficiarse de ella, además de reflejar un desprecio por los derechos protegidos por la Constitución”, escribió.
El fallo prohíbe al Gobierno retener fondos adicionales a Harvard en represalia por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda o por supuesta discriminación sin cumplir con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Burroughs destacó que no se encontró evidencia de que los proyectos afectados, como investigaciones sobre la enfermedad de Lou Gehrig, un modelo predictivo para veteranos con tendencias suicidas o un chip para medir radiación en misiones de la NASA, tuvieran relación con el antisemitismo. “No hay un vínculo evidente entre los proyectos y el antisemitismo”, señaló, criticando también publicaciones en redes sociales de Trump que, según ella, no se centraban en este problema.
Harvard, la única universidad señalada por el Gobierno que llevó el caso a los tribunales, se ha convertido en el epicentro de una batalla por la libertad académica y la supervisión federal. Aunque el fallo es una victoria, la Casa Blanca anunció su intención de apelar, y la portavoz Liz Huston calificó a Burroughs como una “jueza activista” que favoreció a Harvard sin considerar los hechos. Huston afirmó que la universidad no protegió a sus estudiantes del acoso ni combatió la discriminación en su campus.
Durante el verano, Harvard y el Gobierno negociaron un posible acuerdo para restablecer los fondos y resolver demandas, incluyendo una sobre la capacidad de la universidad para inscribir estudiantes internacionales, donde Burroughs también falló a favor de Harvard. Sin embargo, Trump exigió recientemente que la universidad pague al menos US$ 500 millones, instruyendo a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a no negociar.
Otras universidades, como Columbia y Brown, han optado por acuerdos menos confrontacionales, pagando sumas millonarias para recuperar fondos federales. El Gobierno también negocia con Cornell, Northwestern y la Universidad de California, Los Ángeles, donde busca un acuerdo de US$ 1.000 millones. Además, el Ejecutivo ha intensificado la presión sobre Harvard, incluyendo acciones contra sus patentes, según comentó el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
La decisión de Burroughs reconoce la importancia de combatir el antisemitismo, pero subraya que Harvard “se equivocó al tolerar conductas de odio durante tanto tiempo”. Sin embargo, insiste en que las medidas del Gobierno no pueden vulnerar los derechos constitucionales de la universidad. Este fallo plantea interrogantes sobre el futuro financiero de Harvard y la relación entre el Gobierno y las instituciones académicas de élite.
Imágen cortesía: The New York Times
