Las posibilidades de obtener asilo en Estados Unidos se han desplomado tras una serie de medidas que endurecen el proceso migratorio, entre ellas un fallo judicial que permite a los jueces desechar solicitudes sin audiencia y la imposición de una tarifa anual de 100 dólares a los solicitantes.
El abogado de inmigración Alex Gálvez advirtió que el panorama “es muy preocupante” luego de que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) emitiera el precedente Matter of HAAV, que autoriza a los jueces a cerrar casos considerados infundados o incompletos sin escuchar el testimonio de los migrantes.
“La mayoría de los casos de asilo se gana con el testimonio directo de los solicitantes; eliminar esa posibilidad los deja indefensos”, señaló Gálvez, quien representa a centenares de personas en proceso de asilo.
La medida busca agilizar el trabajo de los tribunales, que enfrentan un atasco histórico de 3.8 millones de casos, de los cuales 2.4 millones corresponden a solicitudes de asilo. Sin embargo, defensores de migrantes temen que el nuevo precedente derive en deportaciones prematuras y niegue el derecho a una defensa justa.
A la decisión judicial se suma un nuevo cobro impuesto por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que obliga a los solicitantes con casos pendientes a pagar 100 dólares entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Quienes no lo hagan antes del 31 de octubre podrían quedar fuera del proceso.
Además, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, restableció restricciones al asilo para víctimas de violencia doméstica o de pandillas, políticas impulsadas durante el primer mandato de Donald Trump y anuladas por la administración Biden.
“Estamos regresando a un sistema más cerrado, donde las historias de persecución o violencia personal ya no tienen cabida”, lamentó Gálvez, quien pidió a los migrantes mantenerse informados y buscar asesoría legal.
