Bogotá, Colombia — 3 de diciembre de 2025
La familia de un pescador colombiano fallecido en un bombardeo estadounidense contra una embarcación en el Caribe ha elevado una denuncia inédita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando a Estados Unidos de ejecutar un crimen de guerra y una violación flagrante del derecho internacional humanitario. El caso, impulsado por el abogado estadounidense Dan Kovalik, representa el primer reclamo formal contra las operaciones militares de Washington en la región, en medio de una escalada de ataques que han dejado al menos 83 víctimas mortales desde septiembre.
Alejandro Carranza Medina, un pescador de toda la vida originario de Colombia, perdió la vida el 15 de septiembre de 2025, cuando un ataque aéreo de fuerzas estadounidenses impactó su bote frente a las costas colombianas. Según la petición presentada el martes ante la CIDH, el incidente configuró una “ejecución extrajudicial” que vulnera tanto los derechos humanos como las normas internacionales de los conflictos armados. Kovalik, especialista en derechos humanos, representa a la esposa y los hijos de Carranza, y busca no solo una compensación económica para la familia, sino también el cese inmediato de estas operaciones letales.
“Estas muertes violan el derecho internacional y la ley estadounidense. Queremos que esto cese, y creemos que este es al menos un primer paso para que eso suceda”, declaró Kovalik en exclusiva a este medio. La denuncia apunta directamente al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, como responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como la de Carranza, y alega que su conducta fue “ratificada” por el presidente Donald Trump. El Pentágono ha remitido las consultas a la Casa Blanca, que no ha respondido de inmediato.
¿Qué establece la ley internacional sobre los crímenes de guerra?
El derecho internacional humanitario, codificado principalmente en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, prohíbe de manera absoluta los ataques dirigidos intencionalmente contra civiles o bienes civiles en el contexto de un conflicto armado. 1 El Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, establece que los civiles no pueden ser objeto de ataques, y cualquier daño incidental debe respetar los principios de distinción, proporcionalidad y necesidad militar. 3
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) tipifica como crimen de guerra “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades”, así como contra instalaciones protegidas como hospitales o misiones humanitarias. 0 2 Estas violaciones no prescriben y deben ser investigadas por los Estados o la comunidad internacional, con posibles sanciones penales para los responsables. Amnistía Internacional y la ONU han documentado que tales actos, como bombardeos indiscriminados, constituyen infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de si el conflicto es internacional o no. 5 8
En este caso, la denuncia argumenta que el ataque no respetó estos principios, ya que Carranza no era un combatiente. El presidente colombiano Gustavo Petro ha respaldado la versión de la familia, describiendo a la víctima como un “pescador de toda la vida” sin lazos probados con el narcotráfico. Petro admitió que Carranza podría haber transportado mercancías prohibidas por necesidad económica, pero enfatizó que “nunca sus acciones merecieron la pena de muerte”. El mandatario anunció el lunes la formación de una comisión de abogados colombianos para investigar lo que calificó como “delitos” en el Caribe.
Desde principios de septiembre, EE.UU. ha ejecutado al menos 22 operaciones contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, justificándolas como parte de un “conflicto armado” con cárteles de la droga vinculados a una veintena de organizaciones. La Casa Blanca insiste en que sus acciones “cumplen plenamente con el Derecho de los Conflictos Armados”, diseñado para prevenir daños a civiles. 3 Trump, por su parte, celebró el ataque del 15 de septiembre en su cuenta de Truth Social, afirmando que eliminó a tres “narcoterroristas venezolanos” transportando drogas hacia territorio estadounidense.
Sin embargo, Kovalik desmiente esta narrativa: “Carranza simplemente estaba pescando marlín y atún. Eso era su profesión y su vocación”. El abogado anticipa más denuncias similares, afirmando que “vamos a hacer justicia a estas personas”.
Respuesta de la CIDH y llamados a la accountability
La CIDH, en un comunicado emitido el mismo día de la presentación, expresó “profunda preocupación” por los ataques estadounidenses y urgió a Washington a garantizar que todas sus operaciones de seguridad, incluidas las extraterritoriales, respeten las obligaciones internacionales en derechos humanos. La comisión enfatizó la protección del derecho a la vida, el uso proporcional de la fuerza, el debido proceso y mecanismos de rendición de cuentas. 8
Según el sitio web de la CIDH, las peticiones como esta permiten a las víctimas obtener asistencia; si son admitidas, el organismo formula recomendaciones al Estado responsable para prevenir repeticiones, investigar hechos y reparar daños. Este medio ha contactado a la CIDH, la familia de Carranza y el Gobierno colombiano para más detalles, sin respuesta inmediata hasta el cierre de esta edición.
Kovalik, quien también representa a Petro —sancionado por EE.UU. el 24 de octubre por presuntas nexos con el narcotráfico, cargos que el presidente niega—, ve en este caso un precedente para frenar la impunidad. Mientras tanto, el incidente reaviva debates sobre la soberanía regional y el costo humano de la “guerra contra las drogas”.
Imágen cortesía: BBC
