Madrid, 14 de enero de 2026 — La organización internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, así como por varias agresiones sexuales, acoso sexual, lesiones y vulneraciones de derechos laborales.
La denuncia, interpuesta en nombre de dos exempleadas del artista —identificadas con los nombres ficticios de Laura y Rebeca para proteger su identidad—, se refiere a hechos ocurridos entre enero y octubre de 2021 en las residencias privadas que Iglesias posee en República Dominicana y Bahamas.
Según el escrito presentado, las mujeres habrían sido sometidas a un entorno de control, intimidación y abuso continuo durante su empleo. Relatan haber sufrido tocamientos, penetraciones no consentidas, bofetadas, vejaciones físicas y verbales, insultos y humillaciones sistemáticas, en un contexto que las abogadas califican de “intimidación ambiental” reforzada por la presencia de superiores jerárquicos y la posición de poder del denunciado.
La denuncia señala a Iglesias como autor principal de los hechos, pero también incluye como presuntas colaboradoras a dos encargadas de las residencias, que habrían participado en el reclutamiento de las trabajadoras y en la imposición de condiciones laborales abusivas. Las abogadas argumentan que estos elementos configuran un delito de trata de seres humanos agravado por la existencia de un “grupo criminal” organizado, con reparto de tareas para captar, trasladar, alojar y explotar a las víctimas mediante engaño, abuso de vulnerabilidad y coacción.
Además de la trata con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, se imputan varios delitos contra la libertad e indemnidad sexuales —incluyendo agresiones sexuales con y sin penetración—, así como posibles delitos de lesiones (moretones, mordeduras y agresiones físicas) y múltiples infracciones a los derechos de los trabajadores: ausencia de contrato laboral, falta de descansos, condiciones irregulares, ausencia de permisos de trabajo adecuados y maltrato psicológico y físico en el entorno laboral.
Las denunciantes, de situación socioeconómica vulnerable y dependientes económicamente del salario recibido, temen represalias, intimidaciones y afectaciones a su seguridad, privacidad e integridad emocional si se revela su identidad. Por ello, Women’s Link Worldwide solicita medidas urgentes de protección: anonimato de las víctimas y sus familiares, prohibición de contacto con los denunciados y prevención de cualquier presión o acercamiento que pueda disuadirlas de continuar con el proceso.
Las abogadas destacan la nacionalidad española de Iglesias como base de competencia de la justicia española para conocer el caso, a pesar de que los hechos ocurrieron en el extranjero.
Ni Julio Iglesias ni las encargadas mencionadas han respondido a las solicitudes de comentario sobre la denuncia. Una de ellas indicó que “no tiene nada que decir frente a esas acusaciones”.
Las dos mujeres expresaron que buscan justicia no solo para ellas, sino para todas las personas que trabajaron en las residencias del cantante. “Quiero que mi voz les dé fuerza y hablen”, afirmó una de ellas. “No es justo lo que vivimos ninguna de nosotras. Entramos a trabajar dignamente y no merecíamos ese maltrato”.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá ahora valorar la admisión a trámite de la denuncia y decidir si inicia diligencias de investigación.
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