A menos de un año para el inicio de la Copa Mundial 2026, la FIFA enfrenta cuestionamientos sobre su compromiso con la protección de los derechos humanos en las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, México y Canadá
Aunque el organismo implementó un nuevo protocolo que obliga a presentar planes de acción en la materia, grupos defensores denuncian que las medidas carecen de firmeza y que varios comités locales aún no han entregado sus borradores. El plazo vence el 29 de agosto.
Entre las preocupaciones para el torneo en América del Norte destacan la discriminación, el trato a migrantes, la seguridad, la prevención de la trata de personas, la protección de personas sin hogar y los derechos laborales, especialmente de trabajadores migrantes. En estados como Florida y Georgia, activistas advierten sobre la posible presencia de agentes de inmigración durante los partidos y el riesgo de desalojos masivos de personas en situación de calle, recordando antecedentes como los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
En ciudades como San José, las autoridades han intensificado medidas contra campamentos callejeros, mientras que en Atlanta se impulsa un plan de vivienda para evitar encarcelamientos. No obstante, organizaciones sindicales y comunitarias aseguran que la FIFA y los comités locales no han sostenido un diálogo efectivo para garantizar la protección de todos los sectores vulnerables.
La FIFA sostiene que trabaja junto a las sedes para celebrar un torneo que “respete y promueva los derechos humanos”, aunque la tensión con grupos defensores crece a medida que se acerca el inicio del Mundial.
