San Salvador – El abogado constitucionalista Enrique Anaya advirtió que las personas deportadas por Estados Unidos y trasladadas a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador se encuentran en una situación de incertidumbre legal, ya que ni la Constitución ni las leyes salvadoreñas contemplan estos casos.
En una entrevista con Conclusiones, Anaya cuestionó la falta de claridad sobre la jurisdicción que rige a estos detenidos. “¿Bajo la jurisdicción de qué Estado están? ¿De Estados Unidos, donde los detuvieron, o de El Salvador, porque físicamente están en territorio salvadoreño? ¿Quién va a decidir sobre la libertad de estas personas? ¿Cuánto tiempo se van a quedar? ¿Quién va a ser el responsable de ellas?”, planteó.
El abogado calificó la situación como un “limbo jurídico” y sugirió que podría tratarse de un “negocio de carne humana”, sugiriendo que el proceso de deportación y reclusión podría estar motivado por intereses ajenos a la justicia.
Hasta el momento, ni el gobierno salvadoreño ni las autoridades estadounidenses han ofrecido respuestas claras sobre el futuro de los deportados, lo que ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos y expertos legales.
Imágen cortesía: BBC
