Washington, D.C. — 3 de diciembre de 2025
La Administración del presidente Donald Trump anunció que suspenderá la ayuda alimentaria del programa SNAP a beneficiarios en la mayoría de los estados gobernados por demócratas a partir de la próxima semana, salvo que estos entreguen datos detallados de los receptores, incluyendo nombres y estatus migratorio.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, justificó la medida durante una reunión de Gabinete al afirmar que varios estados demócratas se niegan a colaborar en la lucha contra el fraude. Según datos preliminares de los estados que ya entregaron la información —en su mayoría republicanos—, aparecen al menos 186.000 personas fallecidas y 500.000 beneficiarios duplicados en los registros.
Los gobiernos demócratas han respondido con demandas judiciales para frenar el requerimiento, argumentando que viola la privacidad y que nunca antes se había exigido compartir información individual masiva con el gobierno federal. Una jueza federal en San Francisco emitió una orden preliminar que bloquea temporalmente la recolección mientras se resuelve el litigio, y las partes acordaron extender el plazo hasta el 8 de diciembre.
Aproximadamente 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos —uno de cada ocho— dependen del SNAP, con un beneficio promedio de unos 190 dólares mensuales por persona, poco más de 6 dólares al día. Este año el programa ha estado en el ojo del huracán: se ampliaron los requisitos laborales a personas de 55 a 64 años, sin hogar y otros grupos, y durante el reciente cierre del Gobierno federal la Administración intentó dejar de financiar los beneficios de noviembre, lo que finalmente no ocurrió tras la reapertura.
La solicitud de datos se remonta a febrero, cuando se exigieron registros desde 2020, incluidos números de Seguro Social, como parte de una orden ejecutiva para eliminar desperdicio y abuso en programas federales.
Gobernadores demócratas como Tim Walz de Minnesota y Kathy Hochul de Nueva York han calificado la medida de “venganza política” que pondría en riesgo de hambre a niños, ancianos y personas con discapacidad. Por su parte, el Departamento de Agricultura insiste en que solo busca “terminar con el fraude indiscriminado” y proteger al contribuyente.
La disputa mantiene en vilo a millones de familias y profundiza la polarización entre Washington y los estados opositores en temas de bienestar social y control migratorio.
Imágen cortesía: Getty Images
