Ciudad de México — El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que el arma empleada en el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ha sido vinculada a dos agresiones previas entre grupos criminales antagónicos que operan en la región.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la SSPC, tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch detalló que Manzo contaba con un esquema de protección reforzado desde diciembre de 2024, que incluía 14 elementos de la Guardia Nacional para seguridad perimetral, dos vehículos oficiales y policías municipales de su confianza para resguardo inmediato. El dispositivo se fortaleció en mayo de 2025.
El agresor, abatido en el lugar de los hechos, no portaba identificación. La Fiscalía General del Estado de Michoacán realiza peritajes para establecer su identidad, mientras el Gabinete de Seguridad federal apoya de cerca las investigaciones.
“El arma asegurada está relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región”, precisó el funcionario, al destacar el análisis de videos del acto y cámaras del C5 que permitió ubicar el alojamiento del perpetrador y sus movimientos previos.
García Harfuch condenó el ataque como “un hecho cobarde” perpetrado en un evento público, donde el responsable asumió el riesgo de ser detenido o abatido. En el incidente resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro, y otra persona declaró como testigo.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que entre diciembre de 2024 y octubre de 2025 se realizaron cuatro reuniones de coordinación con el alcalde y se desplegaron refuerzos de la Fuerza de Tarea Conjunta México: 150 efectivos en mayo, otros 150 en agosto y 100 en septiembre.
García Harfuch agradeció la oferta de cooperación del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y enfatizó que toda información internacional será valorada para rastrear el flujo de armas ilegales que alimenta la violencia en el occidente del país.
Autoridades federales aseguraron que no habrá impunidad y llegarán “hasta las últimas consecuencias” para detener a todos los responsables.
