La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes, de forma provisional, que el gobierno del presidente Donald Trump reactive una política de deportaciones aceleradas hacia terceros países, una decisión que ha generado una intensa controversia legal y humanitaria.
Con una mayoría de magistrados que no ofreció explicaciones detalladas, el tribunal accedió a una solicitud del Ejecutivo para dejar sin efecto una orden previa que permitía a migrantes impugnar su expulsión a países distintos al de su nacionalidad, especialmente cuando existiera riesgo comprobado para su seguridad.
Las tres juezas liberales del alto tribunal —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— disintieron de la decisión. En su voto, Sotomayor alertó que la postura del tribunal “expone a miles de personas al riesgo de tortura o muerte”, y acusó al gobierno de actuar con total impunidad: “El gobierno ha dejado claro, con palabras y hechos, que se siente libre de la ley y libre de deportar a cualquier persona a cualquier lugar sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchado”.
El fallo se produce tras semanas de tensión judicial. A finales de mayo, el gobierno solicitó al tribunal supremo que interviniera después de que un juez federal en Boston, Brian Murphy, denunciara que las autoridades migratorias violaron una orden judicial al deportar a personas hacia Sudán del Sur —incluidos ciudadanos de Cuba y México— sin garantizar un proceso adecuado.
El vuelo en cuestión, que despegó rumbo a un país sumido en conflictos desde su independencia en 2011, terminó realizando una escala en Yibuti, donde los migrantes fueron recluidos en condiciones precarias dentro de un contenedor de carga adaptado en una base naval estadounidense. Mientras tanto, abogados de inmigración intentaban infructuosamente establecer contacto con sus defendidos.
Murphy había insistido en que los migrantes, muchos de ellos con condenas previas por delitos graves, aún conservan el derecho a ser escuchados si alegan que su repatriación podría representar un peligro real para sus vidas.
El futuro legal de esta política de deportación exprés permanece incierto, pero el fallo de la Corte Suprema allana el camino para su aplicación inmediata, reavivando el debate sobre el respeto al debido proceso y las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos.
