El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció el 18 de septiembre de 2026 como la fecha de entrada en vigor de un cambio importante en la política de “carga pública”, criterio utilizado por las autoridades migratorias para determinar si una persona que solicita la residencia permanente podría depender económicamente del gobierno en el futuro.
La nueva disposición permitirá a los oficiales de inmigración realizar una evaluación más amplia de la situación económica y personal de cada solicitante de Green Card, tomando en cuenta la llamada “totalidad de las circunstancias”.
La medida fue publicada el pasado 20 de julio en el Federal Register y sustituirá el criterio vigente desde 2022, que limitaba principalmente la evaluación al uso de asistencia económica en efectivo para subsistencia y a determinadas estancias prolongadas en instituciones financiadas por el gobierno.
¿QUÉ CAMBIARÁ DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE?
Con la nueva regla, las autoridades podrán considerar diferentes factores al momento de analizar una solicitud, entre ellos la edad, estado de salud, ingresos, educación, situación económica y antecedentes relacionados con el uso de determinados beneficios públicos.
Esto no significa que recibir algún apoyo gubernamental provoque automáticamente el rechazo de una Green Card. La norma no establece una lista única de programas que descalifiquen por sí solos al solicitante, sino que cada caso deberá ser evaluado en conjunto.
El cambio aplicará a solicitudes de admisión presentadas a partir del 18 de septiembre, así como a ajustes de estatus enviados electrónicamente o con matasellos desde esa fecha.
Los beneficios recibidos antes de la entrada en vigor de la nueva disposición continuarán sujetos a los criterios establecidos bajo la política de 2022, de acuerdo con la norma publicada.
BENEFICIOS PÚBLICOS PODRÍAN ENTRAR EN LA EVALUACIÓN
Entre los programas mencionados durante el proceso de elaboración de la regulación se encuentran apoyos como SNAP, destinado a asistencia alimentaria; WIC, dirigido principalmente a mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños; almuerzos escolares subsidiados y algunos servicios de atención médica.
Sin embargo, la norma no señala que recibir alguno de estos beneficios implique automáticamente que una persona sea considerada carga pública.
El historial de apoyos podría ser analizado junto con otros elementos como los ingresos familiares, la edad, la educación y las condiciones de salud del solicitante.
TAMBIÉN CAMBIAN LAS REGLAS PARA BONOS DE CARGA PÚBLICA
La disposición contempla además modificaciones para personas que hayan presentado un bono de carga pública, una garantía económica utilizada en determinados casos migratorios.
A partir del 18 de septiembre, recibir ciertos beneficios sujetos a criterios de bajos ingresos mientras ese bono permanezca vigente podría provocar el incumplimiento de la garantía, de acuerdo con el texto de la nueva regulación.
¿QUIÉNES ESTÁN EXENTOS?
La prueba de carga pública no se aplica a todos los inmigrantes. Existen categorías protegidas por la legislación migratoria que cuentan con excepciones.
Entre ellas se encuentran refugiados y asilados, algunas personas protegidas por la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA), beneficiarios de visas U y T, menores inmigrantes especiales y determinados solicitantes o beneficiarios de otras protecciones humanitarias.
Por ello, el impacto de la nueva política dependerá del tipo de trámite y de las circunstancias particulares de cada persona.
El cambio representa una modificación significativa para quienes buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos, especialmente porque los oficiales migratorios tendrán mayor margen para analizar la situación económica general del solicitante.
Ante las nuevas disposiciones, especialistas recomiendan que quienes tengan dudas sobre cómo podría afectarles la regla revisen su situación individual con un abogado de inmigración o representante acreditado antes de tomar decisiones relacionadas con beneficios públicos o con la presentación de una solicitud migratoria.
