Washington, 24 de junio de 2026 — En un fallo de 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los agentes de inmigración en la frontera pueden negar o condicionar el reingreso a residentes permanentes (portadores de green card) con antecedentes penales o acusaciones pendientes, sin necesidad de presentar pruebas claras y convincentes en el momento de la llegada.
La decisión, emitida este martes, se refiere al caso de un residente permanente al que las autoridades colocaron bajo libertad condicional migratoria (parole) tras regresar de un viaje al extranjero, debido a cargos por un delito considerado de turpitud moral. El máximo tribunal revocó una sentencia previa de un tribunal de apelaciones que exigía un mayor estándar de prueba a los funcionarios fronterizos.
Según el dictamen redactado por el juez Clarence Thomas, los agentes no están obligados a demostrar de inmediato la comisión de un delito para tratar al residente como solicitante de admisión. Esto permite que, en caso de dudas, se pueda iniciar un proceso de deportación o imponer condiciones al reingreso, utilizando evidencia que se recopile posteriormente.
La medida afecta principalmente a quienes hayan sido condenados o enfrenten acusaciones por crímenes de turpitud moral, una categoría amplia en la ley migratoria que incluye diversos delitos. Activistas proinmigrantes han advertido sobre las implicaciones para millones de residentes permanentes y recomiendan consultar con abogados especializados y planificar cuidadosamente cualquier viaje internacional.
El fallo fortalece la discrecionalidad de las autoridades migratorias en los puertos de entrada y se produce en un contexto de mayor énfasis en el control fronterizo. Organizaciones de defensa legal exhortan a la comunidad inmigrante a revisar su situación jurídica antes de salir del país.
Imágen cortesía: Doctor J IA
