Washington, 4 de febrero de 2026 – Un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha desatado fuertes críticas de legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles al sugerir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden ingresar a domicilios privados sin una orden judicial cuando persiguen a personas con orden de deportación pendiente.
El documento, fechado originalmente en mayo de 2025 y distribuido recientemente a algunos congresistas, argumenta que una orden administrativa firmada por oficiales de ICE sería suficiente para realizar arrestos en residencias, incluso forzando la entrada, al priorizar el “interés del Gobierno” en ejecutar deportaciones sobre la expectativa de privacidad de los afectados.
En respuesta, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes y del Senado exigieron este martes la inmediata revocación del memorando, al considerarlo una violación de precedentes legales y de derechos constitucionales fundamentales.
“A todos en Estados Unidos les debería provocar escalofríos este protocolo secreto que pretende adoptar ICE para que sus agentes puedan tirar su puerta para irrumpir en sus casas”, declaró el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), integrante de la comisión de Seguridad Nacional. Blumenthal calificó la directriz como “legal y moralmente aborrecible” y llamó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a comparecer para explicar la iniciativa.
En una carta enviada al DHS en enero y reforzada con el comunicado de este martes, legisladores como Jamie Raskin (Maryland) y Pramila Jayapal (Washington) advirtieron que la interpretación del memorando “tendrá repercusiones sobre muchas más personas” que las migrantes con órdenes de deportación, al abrir la puerta a errores y excesos.
La analista jurídica Lindsay Nash señaló a The Associated Press que la directriz contradice la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros e incautaciones irrazonables y exige, en principio, una orden emitida por un juez con causa probable. Nash advirtió sobre el “potencial enorme para que quienes lo aplican se excedan o cometan errores”.
Casos recientes han avivado la controversia: un video difundido este fin de semana mostró a un agente de ICE en Nueva Jersey admitiendo que no contaba con orden judicial para un arresto, pero procediendo de todos modos. Asimismo, se han reportado incidentes en los que agentes irrumpieron en domicilios equivocados, afectando a ciudadanos estadounidenses, y redadas que dejaron traumatizadas a madres e hijas en Oklahoma al buscar a otra persona.
El memorando choca también con el propio manual operativo del DHS, que históricamente ha establecido que ingresar a un hogar sin orden judicial o excepción constitucional suele constituir una violación a la Cuarta Enmienda.
La organización Whistleblower Aid, que compartió el documento con medios a finales de enero, expresó preocupación porque la directriz no cuenta con respaldo legislativo y representa un cambio sustancial en los procedimientos de ICE.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la semana pasada el uso de órdenes administrativas argumentando que se aplican solo cuando el extranjero ya enfrenta una orden de expulsión y ha tenido debido proceso. Sin embargo, ejemplos documentados muestran que estas prácticas han afectado a personas sin tales antecedentes o en circunstancias erróneas.
Hasta el momento, el DHS no ha emitido respuesta pública a las demandas de revocación ni ha comentado las nuevas críticas surgidas este martes.
Estas imágenes ilustran el contexto de protestas y señalizaciones en iglesias y comunidades que advierten contra entradas de agentes migratorios sin orden judicial, así como el impacto de redadas en hogares de familias migrantes en Estados Unidos.
Imágen cortesía: Enfoque
