Estados Unidos, 6 de agosto de 2026. La Administración Trump otorgó un contrato de 150 millones de dólares para brindar representación legal a niños migrantes no acompañados a un pequeño bufete de abogados de Texas con poca experiencia en derecho migratorio, lo que ha generado críticas de grupos de asistencia legal que advierten que esta medida podría dejar a los menores vulnerables a la deportación.
El contrato, concedido al Burke Law Group con sede en Houston, se realizó sin un proceso de licitación competitiva. Se trata de un “acuerdo de cooperación de fuente única” y tiene una duración de un año, con inicio el 15 de agosto. La decisión se produce después de que la semana pasada venciera sin reemplazo un contrato clave con una red de grupos legales que trabajaban con niños migrantes en todo el país.
Michael Lukens, director del Amica Center, calificó de “perturbadora y escandalosa” la adjudicación. “Realmente presagia una situación en la que los niños no tendrán un proceso debido significativo, ni una audiencia significativa ante una corte. No podemos permitir que se le confíe a un bufete de abogados al azar el cuidado de los niños”, afirmó.
Solo dos de los 25 abogados que figuraban en el sitio web del bufete mencionan experiencia relevante en derecho migratorio. Muchos de sus miembros son abogados corporativos vinculados a causas conservadoras y al presidente Trump. La fundadora, Marcella Burke, se desempeñó en la primera administración de Trump como abogada en la Agencia de Protección Ambiental y en el Departamento del Interior. Entre los integrantes también figura Justin Shubow, defensor de que los edificios federales se ajusten a estilos arquitectónicos clásicos, e Ilya Shapiro como asesor principal.
El contrato solo abarca a los niños que actualmente se encuentran en refugios administrados por el Gobierno. Según Lukens, hay alrededor de 1.800 menores en refugios y aproximadamente 22.000 viven fuera con patrocinadores, como familiares. Para estos últimos se requeriría otro contrato.
Los niños migrantes no acompañados son considerados especialmente vulnerables y, por ley, el Gobierno debe facilitarles representación legal en los procedimientos de deportación. Hasta hace poco, esa labor la realizaba una red de casi 100 proveedores de asistencia jurídica en todo el país, que acudían a los albergues, impartían capacitaciones sobre derechos y los representaban en los tribunales.
Además de la incertidumbre sobre el nuevo contrato, los proveedores afirman que han tenido dificultades para cobrar el trabajo realizado desde noviembre pasado, ya que la Administración les solicita información detallada sobre sus clientes que, por razones éticas, no pueden proporcionar.
Ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos ni el Burke Law Group respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Imágen cortesía: Morgan Lee
