El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una propuesta que podría transformar radicalmente el proceso de solicitud de visas de negocios y turismo para ciudadanos de ciertos países: un programa piloto que requeriría el pago de una fianza de hasta $15,000 como condición para el ingreso al país.
Según el aviso que será publicado oficialmente en el Federal Register, la medida está dirigida a solicitantes provenientes de países con altas tasas de permanencia irregular y con sistemas internos de documentación considerados deficientes por las autoridades estadounidenses.
El programa, que tendría una duración inicial de 12 meses, establece fianzas de $5,000, $10,000 o $15,000. El monto dependerá de los criterios de evaluación de riesgo aplicados por el Departamento de Estado. La finalidad de la medida es proteger al gobierno estadounidense de eventuales pérdidas económicas en caso de que los visitantes no respeten los términos de sus visas.
“La fianza puede ser exigida a solicitantes temporales para negocios o turismo que sean nacionales de países con antecedentes elevados de sobreestadía o cuyas políticas de verificación migratoria sean consideradas insuficientes”, precisa el borrador del programa.
Aún no se ha publicado la lista oficial de los países afectados, aunque se confirmó que la norma no aplicará a ciudadanos de los 42 países que forman parte del Visa Waiver Program, que permite visitas de hasta 90 días sin necesidad de visa.
Además de la fianza, la administración de Donald Trump ya había anunciado la semana pasada que algunos solicitantes de renovación de visa deberán acudir a una entrevista presencial adicional, lo que representa un endurecimiento en los requisitos migratorios.
También se propuso que quienes participen en el programa de lotería de visas cuenten con un pasaporte válido emitido por su país de ciudadanía al momento de la solicitud.
Aunque propuestas similares han surgido en el pasado, nunca fueron implementadas debido a las complicaciones administrativas y a la posible percepción negativa entre los solicitantes y gobiernos extranjeros. Sin embargo, el Departamento de Estado afirmó que esas preocupaciones no se basan en datos recientes, ya que la práctica no ha sido aplicada en periodos actuales.
La propuesta ha generado inquietudes entre defensores de los derechos de los migrantes y sectores del turismo, quienes advierten que podría excluir a solicitantes legítimos y crear nuevas barreras económicas para ingresar al país.
