Washington, 12 de junio de 2025 – Las políticas de deportación masiva impulsadas por el presidente Donald Trump han desatado un intenso debate en Estados Unidos, especialmente tras las recientes protestas en Los Ángeles y la movilización de la Guardia Nacional y marines sin la aprobación del gobernador de California, Gavin Newsom. Aunque Trump y sus asesores, como Stephen Miller, aseguran que estas medidas reflejan el mandato de los votantes, encuestas y reacciones de diversos sectores, incluidos algunos republicanos, sugieren que el enfoque agresivo podría estar generando rechazo.
Miller afirmó en redes sociales que “Estados Unidos votó por deportaciones masivas” y acusó a los manifestantes de Los Ángeles de intentar “derrocar los resultados de la elección”. Sin embargo, datos recientes indican que el apoyo a las deportaciones no es absoluto. Según encuestas, los estadounidenses respaldan la deportación de inmigrantes indocumentados que han cometido delitos o cruzado la frontera recientemente, pero se oponen mayoritariamente a expulsar a aquellos con empleos estables (56 %), padres de hijos ciudadanos (60 %), o quienes llegaron al país siendo niños (68 %). Asimismo, una encuesta de Washington Post/Ipsos mostró que el 67 % rechaza deportar a personas que llevan más de una década en el país.
La administración Trump, frustrada por cifras de deportaciones menores a las esperadas, ha intensificado sus operativos, abandonando la práctica de elaborar listas específicas de objetivos y optando por arrestos más amplios, incluyendo redadas en lugares de trabajo como Home Depot. Esta estrategia ha generado críticas incluso entre republicanos hispanos en la Cámara de Representantes. El representante David Valadao (California) pidió priorizar la expulsión de “criminales conocidos” sobre trabajadores establecidos, mientras que Carlos Giménez (Florida) y Mario Díaz-Balart (Florida) expresaron preocupaciones sobre deportar a personas con arraigo o solicitudes de asilo legítimas. Tony Gonzales (Texas) advirtió que un enfoque indiscriminado desvía la atención de amenazas más graves, como criminales convictos.
La participación de la Guardia Nacional en operativos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también ha generado controversia. Una encuesta reciente mostró que el 60 % de los estadounidenses se opone al uso del ejército en estas tareas, un rechazo similar al registrado en 2020 contra el despliegue militar en protestas. Además, la deportación de familias con hijos ciudadanos —que suman 4,4 millones según estimaciones— y casos como la expulsión injusta de migrantes sin debido proceso han alimentado el descontento.
Mientras Trump apuesta por el respaldo popular a su retórica antiinmigrante, el riesgo de excederse es evidente. Con cruces fronterizos en mínimos históricos al inicio de su segundo mandato, las críticas a su enfoque agresivo podrían intensificarse, poniendo a prueba la tolerancia no solo de los manifestantes, sino de un sector más amplio de la población estadounidense.
Imágen cortesía: Francés 24
