El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dado un nuevo paso en su cruzada contra la inmigración irregular al presentar este lunes un ambicioso plan al Gobierno del presidente Donald Trump. La propuesta contempla medidas sin precedentes, como la utilización del Cuerpo de Abogados Generales de la Guardia Nacional estatal para fungir como jueces migratorios y la autorización para que la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) lleve a cabo redadas migratorias de forma autónoma.
“Florida será el líder en la lucha para aplicar la ley inmigratoria”, declaró DeSantis en una conferencia de prensa en Tampa, donde detalló los alcances de la propuesta que ya fue entregada a la Casa Blanca.
El plan incluye una solicitud formal para que oficiales militares de la Guardia Nacional actúen como jueces migratorios a fin de agilizar procesos de deportación. A la par, al menos 100 oficiales de la FHP han sido designados como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals bajo el acuerdo 287(g), lo que les permite ejecutar órdenes judiciales federales y colaborar directamente en la remoción de inmigrantes considerados peligrosos.
Según DeSantis, estos agentes tienen ahora la capacidad de realizar operativos migratorios sin depender de las agencias federales. Como ejemplo del alcance de esta estrategia, mencionó la “Operación Marea Negra”, llevada a cabo en abril, la cual resultó en la detención de más de mil cien inmigrantes en una semana, la cifra más alta en un solo operativo estatal en la historia del país.
La ofensiva de Florida se da en un estado donde el 20% de la población es inmigrante, lo que representa cerca de cinco millones de personas, según datos del American Immigration Council. Aun así, bajo la gestión de DeSantis, se han aprobado leyes que prohíben las ciudades santuario y sancionan a funcionarios que no cooperen con las autoridades migratorias federales.
Hasta la fecha, más de 100 agencias gubernamentales y la totalidad de los condados floridanos han suscrito acuerdos 287(g), una política migratoria clave impulsada durante el mandato de Trump. Además, numerosas ciudades —entre ellas Miami, Orlando y Doral— han adoptado estas disposiciones.
La propuesta del gobernador reafirma la postura de Florida como bastión de las políticas migratorias más estrictas del país y se alinea con el enfoque de línea dura que marca el regreso de Trump a la presidencia.
