El Departamento de Justicia de Estados Unidos habría instruido a fiscales federales a explorar nuevas causas penales contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, utilizando legislación relacionada con terrorismo, de acuerdo con información publicada por The New York Times.
Según el reporte, la directriz fue comunicada esta semana por Aakash Singh, Subprocurador General Adjunto, durante una conferencia telefónica con fiscales federales de distintas regiones del país.
La medida formaría parte de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump, quien previamente firmó una orden ejecutiva para clasificar a diversos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.
De acuerdo con el diario estadounidense, esta nueva política buscaría ampliar el enfoque de las investigaciones, no solo contra líderes criminales, sino también contra funcionarios públicos que presuntamente hayan colaborado, protegido o facilitado actividades de organizaciones del narcotráfico.
Entre los posibles cargos que los fiscales podrían considerar se encuentra el de “apoyo material” a grupos designados como terroristas, una figura legal que permitiría endurecer las acusaciones en casos relacionados con el crimen organizado transnacional.
El reporte surge en un contexto de tensión diplomática entre México y Estados Unidos, luego de la acusación presentada en territorio estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico. El mandatario ha rechazado los señalamientos.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado públicamente la falta de pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses y ha insistido en que cualquier investigación debe conducirse con respeto a la soberanía nacional.
El artículo también señala que funcionarios estadounidenses reconocen avances en la cooperación bilateral en materia de seguridad, incluidos operativos contra cárteles y extradiciones de presuntos líderes criminales.
Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevas acusaciones formales derivadas de esta directriz.
