Organizaciones defensoras de migrantes exigieron al Gobierno de Estados Unidos permitir el regreso de Jessica Treviño Villegas, una mexicana beneficiaria del programa DACA que fue deportada pese a tener protección vigente y ser madre de tres ciudadanos estadounidenses.
Los abogados de Treviño Villegas presentaron una petición ante la Corte federal del Distrito Sur de Texas para solicitar su retorno inmediato. La defensa sostiene que la mujer contaba con protección migratoria hasta abril de 2027, pero fue expulsada a México en marzo.
La Unión del Pueblo Entero, conocida como LUPE, denunció que la deportación provocó la separación de Jessica de sus hijos, de 16, 14 y 13 años, quienes permanecen en Estados Unidos.
“Ninguna familia debería tener que pasar por lo que nosotros hemos pasado. Le pido a esta Administración que deje de separar a las familias. Déjenme volver a casa con mis hijos”, expresó Treviño Villegas en un comunicado difundido por la organización.
De acuerdo con LUPE, Jessica llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años y desde entonces residió en Álamo, Texas. Además, trabajaba en su comunidad y renovaba su permiso de DACA cada dos años, cumpliendo con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.
Tras su deportación, el Gobierno estadounidense emitió un aviso para cancelar su protección bajo el argumento de que realizó un viaje no autorizado fuera del país. Sin embargo, sus abogados aseguran que ella no salió voluntariamente, sino como resultado de una expulsión ordenada por las propias autoridades.
“Jessica no abandonó el país por voluntad propia. La detuvieron y deportaron, y ahora la misma agencia amenaza con retirarle sus protecciones”, declaró Tania Chávez, presidenta de LUPE, quien calificó la actuación gubernamental como cruel e ilegal.
La organización también acusó a la Administración de Donald Trump de intensificar las detenciones y deportaciones de personas amparadas por DACA, programa creado durante el Gobierno de Barack Obama para proteger de la deportación a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional citadas por LUPE, entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025 fueron arrestados al menos 261 beneficiarios del programa y 86 fueron deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Actualmente, DACA permanece cerrado para nuevos solicitantes, mientras que quienes ya cuentan con la protección deben renovarla cada dos años.
