Un Tribunal Colegiado concedió una suspensión definitiva que obliga a las autoridades federales a reforzar de manera inmediata la vigilancia y protección ambiental en las obras del Tramo 5 del Tren Maya, ubicado entre Cancún y Tulum, Quintana Roo.
La resolución instruye a la Subprocuraduría de Recursos Naturales y a la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a efectuar inspecciones, verificaciones y acciones de conservación dentro de sus respectivas competencias.
El fallo deriva de un juicio de amparo promovido por el colectivo Sélvame del Tren, cuyos integrantes han denunciado posibles afectaciones a la selva, los cenotes, las cavernas y los ríos subterráneos de la Península de Yucatán.
La suspensión no representa la cancelación del Tren Maya ni ordena automáticamente interrumpir el servicio de pasajeros. Su alcance se concentra en obligar a las dependencias ambientales a supervisar las obras y responder a las denuncias por posibles daños ecológicos.
Como antecedente, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó en 2025 una resolución de carácter ambiental que atribuye al proyecto afectaciones consideradas como ecocidio y etnocidio contra los ecosistemas y los pueblos mayas peninsulares. Este pronunciamiento es distinto de la suspensión concedida por el tribunal mexicano.
