Nueva Orleans, Luisiana – La comunidad inmigrante de Nueva Orleans vive días de zozobra ante la inminente llegada de un operativo masivo de control migratorio. Fuentes cercanas a la planificación indican que el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, junto con unos 250 agentes federales, iniciará acciones en la ciudad a partir de la primera semana de diciembre. Los residentes y defensores comparan la situación con la preparación para un huracán, acumulando provisiones y limitando sus salidas, en una urbe ya curtida por desastres como el huracán Katrina, el derrame de BP, el colapso de un hotel, el pico pandémico y un ataque terrorista en las celebraciones de Año Nuevo de 2025.
“La comunidad inmigrante está totalmente aterrorizada y en pánico”, relata Rachel Taber, voluntaria de Unión Migrante, un colectivo de defensa de derechos de los inmigrantes. “La gente lo está viviendo como un huracán, haciendo lo que pueden, comprando comida, quedándose en casa y planeando no poder ir a trabajar”.
Nueva Orleans, un bastión demócrata en un estado de mayoría republicana, se convierte en el último blanco de las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alineadas con la promesa presidencial de deportaciones masivas de indocumentados. Ante consultas sobre el operativo, el DHS emitió un comunicado a través de su vicesecretaria, Tricia McLaughlin: “Por la seguridad de las fuerzas del orden, no vamos a telegrafiar posibles operaciones”.
En otras urbes, estas acciones han involucrado agentes armados y encapuchados en vehículos sin distintivos, con críticas por el uso de fuerza contra ciudadanos estadounidenses y extranjeros, incluyendo disparos, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Según datos del Censo de EE.UU., unos 23.400 inmigrantes habitan la “Crescent City”, representando el 6,5% de la población total, con más de la mitad procedentes del extranjero y aproximadamente la mitad de Latinoamérica.
A pesar de su número relativamente bajo comparado con otras ciudades objetivo de Bovino, los inmigrantes son el pilar de la economía local. Cocinan los platos criollos y cajún que atraen a millones de turistas, limpian hoteles durante el Mardi Gras y sostienen el sector servicios. Tras Katrina, que inundó el 80% de la ciudad en 2005, la mitad de la fuerza de reconstrucción fue latina, un cuarto indocumentados de México y Honduras, según un estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley. Hoy, la población hispana ha duplicado la de entonces.
“Mucha ansiedad e incertidumbre”: el impacto en negocios y familias
En Tia Maria’s Kitchen, José Almendares, inmigrante hondureño protegido por DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), lucha por mantener abierto su restaurante de comida hondureña auténtica: baleadas con tortillas caseras, plátanos fritos y pastelitos. El local, un punto de encuentro para la comunidad latina, ha sufrido ausencias de personal por temor a la Patrulla Fronteriza. El sábado pasado, un día pico, cerró temprano por falta de manos. “Hay mucha ansiedad e incertidumbre, porque han visto lo que está pasando en otras ciudades”, explica Almendares. “Y mucha gente tiene miedo y se esconde”. Ha capacitado a su equipo en derechos bajo la Quinta Enmienda y la importancia de contactar abogados.
Ingrid Ferguson, dueña de cinco tiendas de productos centroamericanos y ciudadana naturalizada, ha visto caer sus ingresos diarios casi a la mitad la semana pasada. Sus empleados, incluso con permisos de trabajo, evitan salir. “He trabajado muy duro todos los días para llegar a este punto”, confiesa. “Cerrar las puertas… va a ser muy, muy difícil”. Ofrece entregas gratuitas para retener clientes, pero considera pausar operaciones en cuatro locales si la escasez persiste. Por primera vez en 20 años en EE.UU., medita regresar a Honduras: “Ya no nos sentimos seguros ni cómodos estando aquí”.
Una empresaria de construcción mexicana, que pidió anonimato por temor a represalias, reporta contratos paralizados: sus trabajadores especializados en estuco y yeso, muchos con años de experiencia, no acuden por miedo. “Obviamente la gente está muy asustada”, dice. Lindsey Navarro, directora de El Centro, una ONG que apoya a latinos emprendedores, prevé un golpe duro en restaurantes y hotelería: “La gente realmente se está poniendo firme y simplemente no está dispuesta a correr el riesgo de ser deportada”.
Activismo comunitario: silbatos, letreros y preparación legal
La respuesta no se hace esperar. Vecinos aprenden de experiencias en Chicago y Charlotte, Carolina del Norte, distribuyendo kits de silbatos para alertar sobre agentes –más de 1.500 ya repartidos por la coalición Southeast Dignity Not Detention, que incluye instrucciones y tarjetas de “Conoce tus derechos”–. Unión Migrante ofrece consultas gratuitas con abogados, poderes notariales y solicitudes de pasaportes para hijos ciudadanos. “Existe esta voluntad y deseo de luchar por los derechos” de los inmigrantes, afirma Navarro.
Mich Gonzalez, cofundadora de la coalición, resalta la raíz organizativa de la ciudad: “Esta es una ciudad que está muy acostumbrada a que el Gobierno federal la abandone cuando su gente más lo necesita”, aludiendo al retraso en la ayuda post-Katrina, cuando miles quedaron sin agua ni comida. “Los inmigrantes son una parte integral de esta ciudad, sin duda, y la mayoría de la gente ahora mismo está pensando en cómo apoyarlos”.
Nueva Orleans lleva meses en la mira: el presidente Donald Trump sugirió en septiembre desplegar la Guardia Nacional. Bovino, quien dirigió el sector local en el primer mandato, elige objetivos con base en “equipo de liderazgo” y “inteligencia”, según sus declaraciones recientes. El gobernador Jeff Landry, republicano, aplaude la medida: “Nueva Orleans es un lugar donde ha habido actividad criminal ilegal, actividad de gente extranjera”, dijo en Fox News, invitando al ICE a “sacar a algunos de estos peligrosos inmigrantes ilegales de nuestras calles”.
La alcaldesa electa Helena Moreno, demócrata nacida en México, denuncia el pánico: “Hay padres que tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela”. Su oficina difunde guías para interacciones con agentes. Sin embargo, el abogado de inmigración Marco Balducci cuestiona el enfoque: “No se trata de seguridad pública. Siguen invocando la seguridad pública, pero creo que es un pretexto”. Datos del Departamento de Policía muestran una caída del 20% en delitos violentos en el primer trimestre de 2025.
Para muchos latinos, que huyeron de persecución o violencia en sus países, el temor revive traumas: “Vienen con la convicción de que este es un lugar donde lo que sufrieron en sus países no volverá a ocurrir”, reflexiona Navarro. “Y que eso les vuelva a suceder es muy decepcionante”.
La ciudad, de 307 años, se hunde no solo geográficamente, sino bajo el peso de una política que pone a prueba su resiliencia una vez más.
Imágen cortesía: El País
