Estados Unidos, 13 de agosto de 2025 – Las políticas migratorias endurecidas durante la segunda administración de Donald Trump han intensificado el miedo entre inmigrantes indocumentados víctimas de violencia doméstica, quienes temen que denunciar a sus agresores resulte en su propia detención o deportación. Historias como las de Valentina y Ana, dos mujeres inmigrantes que han enfrentado abuso, ilustran cómo el estatus migratorio es usado como herramienta de control por los agresores, mientras las víctimas enfrentan barreras para buscar justicia.
Valentina, nombre ficticio por temor a represalias, tenía planes de mostrar sus diseños de vestidos de baño este verano y colaboraba con una fundación de danza tradicional hispana en Florida. Sin embargo, tras ser agredida por su expareja en marzo, este la denunció a la policía y contactó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según relató su madre. Ahora, Valentina está en un centro de detención en Louisiana, tras ser trasladada por cinco centros en cuatro meses, enfrentando la posibilidad de ser deportada. Su madre describe el calvario: “No puedo ni dormir, no me dan ganas de comer. Es la peor pesadilla de mi vida”.
En un caso similar, Ana, una inmigrante mexicana en Houston, sufrió violencia por parte de su pareja en noviembre de 2024. Tras una agresión en un lugar de baile, donde fue golpeada e insultada, Ana manejó a casa de una amiga, quien denunció el abuso a la policía. Aunque Ana temía las consecuencias por su estatus migratorio, su cooperación con las autoridades le permitió solicitar una visa U, un beneficio para víctimas de crímenes violentos que colaboran con investigaciones, y está a la espera de su aprobación.
Activistas y expertos señalan que estos casos no son aislados. Isaret Jeffers, fundadora del Colectivo Árbol en Tampa, Florida, indica que muchas trabajadoras agrícolas indocumentadas soportan abusos por miedo a ser deportadas si denuncian. Isabel Martínez, del Centro de Justicia Tahirih en Washington D.C., destaca que desde enero de 2025, las deportaciones masivas han disuadido a muchas víctimas de buscar ayuda. Una encuesta de la Alianza para Sobrevivientes Inmigrantes reveló que el 76% de los activistas reportaron que las víctimas de violencia doméstica temen contactar a la policía por miedo a ICE, y el 50% señaló que las víctimas abandonan casos legales por este motivo.
El abuso doméstico afecta desproporcionadamente a las mujeres, que representan el 84% de las víctimas de maltrato conyugal, según el Departamento de Justicia. Sin embargo, el estatus migratorio agrava la vulnerabilidad, ya que los agresores lo usan para manipular a sus víctimas, amenazando con denunciarlas a las autoridades migratorias. Factores como la dependencia económica, el temor a perder la custodia de los hijos, la falta de redes de apoyo y la baja autoestima dificultan aún más la búsqueda de ayuda. Ana relató cómo su expareja la humillaba: “Te dice que eres una tonta, que no vas a salir adelante sin mí”.
Las mujeres de bajos recursos enfrentan mayores riesgos, con un estudio de la Universidad de Cambridge de 2024 indicando que el 85% de las víctimas que buscan asistencia legal viven en o por debajo del 200% del nivel federal de pobreza. Además, las políticas de Trump han reducido subsidios para organizaciones que apoyan a víctimas de violencia, dejando a mujeres como Ana sin acceso a recursos básicos como pañales o ayuda para pagar cuentas.
A pesar de estos desafíos, existen opciones legales como la visa U y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), que permiten a las víctimas regularizar su estatus migratorio sin depender de sus agresores. Francesco Duberli, de Survivor’s Pathway en Miami, enfatiza que “hay beneficios migratorios para víctimas de crímenes”, pero el miedo y la desinformación siguen siendo barreras significativas.
Organizaciones como el Centro de Justicia Tahirih instan a las víctimas a reconocerse como valiosas y buscar apoyo. “Es importante saber que no mereces abuso, que vales más”, afirma Martínez. Para quienes enfrentan violencia doméstica, la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica (1-800-799-7233) y el número de texto 8788 (enviando START) ofrecen recursos y apoyo.
Imágen cortesía: UNIR
