En México, jueces y magistrados han iniciado un paro nacional en respuesta a una reforma al Poder Judicial que consideran perjudicial para la independencia judicial. La medida ha sido implementada por una serie de tribunales en todo el país y busca protestar contra cambios legislativos que, según los líderes judiciales, podrían debilitar la autonomía del poder judicial y afectar la imparcialidad de las decisiones.
La reforma en cuestión ha generado controversia por su potencial impacto en la estructura y funcionamiento de los tribunales, así como en la selección y evaluación de jueces. Los protestantes exigen la revisión de la reforma y el establecimiento de un diálogo con las autoridades para abordar sus preocupaciones.
El paro ha causado interrupciones significativas en la administración de justicia, afectando a numerosos casos pendientes y generando un llamado urgente a las autoridades para encontrar una solución que preserve la independencia del sistema judicial.
