San Francisco, California – 31 de diciembre de 2025
Un juez federal del Distrito Norte de California dictaminó que el gobierno puede compartir información básica de beneficiarios de Medicaid con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el marco de esfuerzos para identificar y localizar a personas que se consideran presentes de manera irregular en el país.
El juez Vince Chhabria denegó parcialmente la solicitud de una orden judicial preliminar presentada por una coalición de más de 20 estados —incluyendo California, Nueva York, Illinois y Washington—, argumentando que el intercambio de datos biográficos básicos, de ubicación y de contacto está claramente autorizado por la ley y que las agencias federales han explicado adecuadamente sus decisiones.
La información permitida incluye hasta seis categorías específicas: estatus de ciudadanía e inmigración, dirección domiciliaria, número de teléfono, fecha de nacimiento y número de identificación de Medicaid. Quedan excluidos datos sensibles de salud, historiales médicos o información sobre ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes u otros programas administrados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
La medida, que forma parte de las prioridades de la administración en materia migratoria, entrará en vigor el 6 de enero de 2026, una vez que expire la orden judicial preliminar que había bloqueado temporalmente estas prácticas desde agosto de 2025.
El fallo representa una victoria parcial para el gobierno federal, pero mantiene restricciones estrictas sobre el alcance del intercambio. El juez criticó la vaguedad de algunas políticas propuestas y mantuvo prohibido el acceso a datos más amplios o sensibles, señalando que no se justificaron de manera suficiente.
La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, expresó decepción por la decisión, aunque celebró que se haya bloqueado el intercambio de información más amplia y sensible, incluyendo datos de ciudadanos y programas de salud adicionales. “Estamos decepcionados con la decisión del tribunal de permitir compartir algunos datos de Medicaid con ICE”, indicó el comunicado, añadiendo que continuarán litigando para proteger la privacidad y el acceso a la atención médica.
La controversia surgió tras reportes de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los CMS habían comenzado a compartir datos masivos de beneficiarios de Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE. Los estados demandantes argumentaron que esta práctica viola protecciones de privacidad, genera temor en comunidades inmigrantes —lo que podría llevar a que familias eviten inscribirse en programas de salud de emergencia— y afecta el funcionamiento del programa Medicaid, que cubre a millones de personas vulnerables.
El caso, iniciado en julio de 2025, sigue en curso, con una audiencia adicional programada para los próximos días. Expertos en inmigración y salud pública advierten que la medida podría disuadir a personas elegibles de buscar atención médica por temor a consecuencias migratorias, incluso en casos de cobertura estatal o de emergencia.
Las autoridades federales sostienen que el uso de esta información básica ayuda a garantizar que los programas financiados con fondos públicos no se utilicen indebidamente, alineándose con las directrices de las órdenes ejecutivas sobre aplicación de leyes migratorias.
Imágen cortesía: El Pregonero
