07 de noviembre de 2025
Un juez federal en Rhode Island ordenó al gobierno de Donald Trump desembolsar la totalidad de los beneficios del programa SNAP para noviembre, afectando a casi 42 millones de beneficiarios, al argumentar un “daño irreparable” por el retraso causado por el cierre del gobierno.
El magistrado John McConnell rechazó la propuesta del Departamento de Agricultura (USDA) de pagar solo una porción —hasta el 65% según su última notificación— y exigió el uso de fondos de la Sección 32, provenientes de recaudaciones aduaneras, combinados con la reserva de contingencia del programa. El pago completo debe realizarse este viernes, 7 de noviembre.
El USDA había transferido fondos parciales a los estados, que comparten la administración de las tarjetas de débito para compras de alimentos, pero el juez desestimó la excusa de obstáculos burocráticos y responsabilizó directamente a la agencia por no prepararse desde el 1 de octubre, inicio del cierre.
“Esta corte fue clara: la administración debía hacer los pagos en su totalidad el lunes o resolver de forma expedita los obstáculos administrativos, pero de ninguna manera pagos parciales después del 5 de noviembre”, enfatizó McConnell en la audiencia. Citó un mensaje del presidente Trump en Truth Social —posteriormente retractado por la Casa Blanca— que condicionaba los pagos a la reapertura del gobierno.
Aunque el juez impuso la fecha límite, el gobierno notificó su intención de apelar, lo que genera incertidumbre sobre cuándo los beneficiarios verán el dinero en sus tarjetas. El SNAP, que entrega en promedio $187 mensuales a 1 de cada 8 estadounidenses, es clave para familias, ancianos y niños.
“El USDA no puede llorar ahora” por la demora
McConnell criticó duramente al USDA: “Tenía la obligación de prepararse para usar el fondo de contingencia desde el 1 de octubre. No lo hizo, incluso se negó a utilizarlo el 1 de noviembre. No puede alegar ahora demoras de semanas o meses por la falta de preparación de los estados; creó este problema de forma arbitraria al ignorar el mandato del Congreso”.
El “daño irreparable” incluye hambre inmediata, sobrecarga en bancos de alimentos y sufrimiento innecesario, según la evidencia presentada por demandantes como ciudades y organizaciones representadas por Democracy Forward.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, declaró: “El tribunal no podría haber sido más claro: la administración Trump-Vance debe dejar los juegos políticos con la vida de las personas. No deberíamos tener que obligar al presidente a preocuparse por sus ciudadanos, pero haremos todo lo necesario para protegerlos”.
Expertos advierten de hambre inminente
En un foro con periodistas organizado por SciLine, especialistas en seguridad alimentaria alertaron sobre las consecuencias de las demoras y recortes planeados.
Diane Schanzenbach, economista de Georgetown University, señaló: “Hay tantas familias que viven cheque a cheque. Las demoras y reducciones definitivamente llevarán al hambre en algunos casos”.
Craig Gundersen, de Baylor University, destacó la vulnerabilidad de personas con discapacidades mentales y quienes viven solos: “Es un momento de crisis grave para ellos, con tasas mucho más altas de inseguridad alimentaria”.
Lindsey Haynes-Maslow, de University of North Carolina, expresó preocupación por los niños: “Sus padres y cuidadores están tomando decisiones difíciles sin estos beneficios este mes”.
Imágen cortesía: 211 Maryland
