Chicago, Illinois, 10 de octubre de 2025 – Una jueza federal en Chicago emitió una orden de restricción temporal que detiene el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, ordenado por el presidente Donald Trump, en respuesta a protestas frente a un centro de detención de ICE en Broadview, un suburbio de la ciudad. La decisión, dictada por la jueza April Perry, prohíbe la federalización de las tropas durante dos semanas, argumentando que no existe evidencia creíble de una “rebelión” que justifique la intervención militar.
El fallo surge tras enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes el 19 de septiembre, donde se reportaron actos violentos, incluyendo el uso de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las autoridades. La jueza Perry señaló que las protestas, con un máximo de 200 asistentes, no representan una amenaza que requiera la presencia de militares, y que las fuerzas locales son suficientes para manejar la situación. Además, criticó el uso “arbitrario e indiscriminado” de agentes químicos por parte de los federales, según denuncias de la policía local y la alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson.
Por otro lado, el Gobierno de Trump defiende el despliegue, alegando que los manifestantes han causado “violencia continua” contra agentes de ICE, reportando lesiones graves como desgarros de ligamentos y hospitalizaciones. Sin embargo, Perry cuestionó la narrativa de una rebelión, definiéndola como una “resistencia deliberada y organizada” contra el gobierno, algo que, según ella, no se ha demostrado.
En una audiencia paralela en Portland, Oregón, un tribunal de apelaciones evalúa un caso similar sobre la federalización de la Guardia Nacional para controlar protestas en otra instalación de ICE. Aunque aún no hay decisión, los jueces expresaron escepticismo sobre los argumentos del estado, que minimizan la magnitud de las manifestaciones. El resultado de ambos casos podría establecer un precedente sobre el uso de fuerzas federales en conflictos locales.
El estado de Illinois, representado por el abogado Christopher Wells, advirtió que la intervención federal representa un “grave riesgo de tiranía” y una violación de los derechos estatales protegidos por la Décima Enmienda. Por su parte, el Departamento de Justicia insistió en que la decisión del presidente es “irrecurrible” y que las tropas podrían desplegarse más allá de las instalaciones de ICE para proteger intereses federales.
La tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales refleja un debate más amplio sobre los límites de la autoridad presidencial y el papel de las fuerzas militares en conflictos civiles, mientras las protestas contra las políticas migratorias continúan en varias ciudades del país.
Imágen cortesía: LA Times
