Un tribunal de Nuevo México ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares para la creación de un fondo destinado a atender los efectos que, según la resolución judicial, Facebook e Instagram han provocado en la salud mental y seguridad de niños y adolescentes.
El fallo fue emitido por el juez Bryan Biedscheid, del distrito de Santa Fe, quien determinó que el funcionamiento de las plataformas de la compañía busca incrementar al máximo el tiempo y la interacción de los usuarios, incluso mediante mecanismos que pueden resultar perjudiciales para los menores.
La resolución forma parte de una demanda presentada en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusó a Meta de contribuir a una crisis de salud mental entre jóvenes y de no establecer suficientes mecanismos para evitar que menores de edad fueran expuestos a posibles depredadores sexuales en internet.
Torrez celebró la decisión y aseguró que representa un avance para las familias preocupadas por el impacto que las redes sociales pueden tener sobre sus hijos, así como para los menores que buscan desarrollarse en un entorno digital más seguro.
Además de la sanción económica, la sentencia establece que Meta deberá implementar una serie de cambios en sus plataformas. Entre ellos se encuentran límites de tiempo para usuarios jóvenes, mayores restricciones en las notificaciones y mejoras en los sistemas para recibir, revisar y atender denuncias relacionadas con abusos contra menores.
Los 567 millones de dólares deberán ser canalizados a un fondo de reparación enfocado en atender los daños atribuidos al uso de las aplicaciones entre niños y adolescentes.
La resolución se suma a una decisión previa dentro del mismo proceso, en la que Meta fue condenada al pago de 375 millones de dólares por violaciones relacionadas con las normas de protección al consumidor y por la manera en que habría presentado la seguridad de Facebook e Instagram para los menores.
Meta, empresa encabezada por Mark Zuckerberg, enfrenta junto con otras compañías tecnológicas una creciente presión legal en Estados Unidos. Estados, escuelas, familias y organizaciones han promovido demandas en las que cuestionan el diseño de las redes sociales y sus posibles efectos sobre la salud mental, la seguridad y los hábitos digitales de niños y adolescentes.
El caso de Nuevo México se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes en Estados Unidos sobre la responsabilidad de las grandes plataformas digitales frente a los riesgos que enfrentan los menores en redes sociales.
