Lo que parecía ser otro día de ayuda humanitaria para un grupo de voluntarios que distribuyen agua y alimentos a migrantes en el desierto terminó en una experiencia traumática que aún les quita el sueño. Sin uniforme, sin placas oficiales y sin una orden judicial, agentes migratorios estadounidenses encubiertos interceptaron y detuvieron violentamente a miembros del grupo Los Samaritanos, según relataron los afectados.
Gail Kocourek, de 74 años, es una de las voluntarias que desde hace más de una década recorre la frontera para entregar suministros básicos y orientación a migrantes. El pasado 12 de marzo, mientras inspeccionaban un contenedor de agua vandalizado en la zona de Sasabe, fue víctima de lo que describe como una “persecución armada”.
“Pensamos que eran vigilantes civiles, su auto no tenía ningún distintivo y portaban armas largas. Tuvimos miedo y tratamos de huir. Jamás se identificaron como agentes del gobierno”, relató Kocourek, visiblemente conmovida.
El grupo fue finalmente interceptado por los hombres armados, quienes, sin mediar palabra, los esposaron y obligaron a tirarse al suelo. Más tarde supieron que se trataba de oficiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Alegaron que el grupo era sospechoso de “intento de asesinato de un agente fronterizo”.
“No llevaban uniforme, nos apuntaron con armas y nos trataron como criminales. ¿Así es como actúa la ley?”, cuestionó la voluntaria. Tras ser liberados sin cargos formales, Kocourek y otro voluntario, Evan Spry, interpusieron una demanda por arresto arbitrario, uso excesivo de la fuerza y violaciones a sus derechos civiles, solicitando una compensación de más de 500 mil dólares.
María Eugenia Carrasco, integrante de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, aseguró que este tipo de operativos se están volviendo cada vez más comunes y peligrosos. “No son arrestos, son secuestros. No puedes diferenciar si son agentes del gobierno o milicias civiles armadas. Estamos documentando casos donde incluso usan vehículos con placas mexicanas o se hacen pasar por empleados de compañías eléctricas”.
Los voluntarios temen que se esté gestando una campaña de criminalización contra quienes ofrecen ayuda humanitaria en la frontera. “Si esto le puede pasar a una abuela de 74 años, imaginen lo que sufren los migrantes”, concluyó Kocourek.
Diversos organismos defensores de derechos humanos exigen una investigación independiente y advierten que estas prácticas violan las garantías constitucionales, tanto de ciudadanos estadounidenses como de personas migrantes.
