La construcción del centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz” quedó oficialmente suspendida por los próximos 14 días, tras una orden de restricción temporal emitida por una jueza federal. La medida responde a una demanda interpuesta por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes acusan al proyecto de poner en riesgo ecosistemas frágiles en los Everglades y violar leyes ambientales federales.
Durante una audiencia realizada este jueves, la jueza Kathleen Williams justificó su decisión afirmando que no existen garantías suficientes para evitar daños mientras el proceso legal sigue su curso. La orden frena cualquier nueva actividad de construcción, incluyendo relleno de terreno, pavimentación, instalación de infraestructura y colocación de luminarias adicionales. No obstante, la jueza aclaró que las operaciones migratorias dentro del centro no se verán afectadas por la resolución.
Los demandantes sostienen que la obra incumple la Ley Nacional de Política Ambiental, vigente desde hace más de cinco décadas, al haberse omitido la evaluación de impacto ambiental, el análisis de alternativas y la participación pública que exige la legislación federal para proyectos de gran escala.
“El centro fue levantado en una zona ecológicamente sensible sin los estudios ni la transparencia que la ley demanda”, advirtió Paul Schwiep, abogado de los grupos demandantes. De acuerdo con los activistas, la construcción podría revertir años de esfuerzos y miles de millones de dólares invertidos en la restauración de los Everglades.
La demanda se suma a otra acción legal que cuestiona las condiciones dentro del centro de detención, en la que organizaciones de derechos civiles denuncian violaciones constitucionales, como la prohibición de acceso a abogados, detenciones sin cargos y cancelación de audiencias de fianza. La audiencia de este segundo caso está programada para el próximo 18 de agosto.
“Alligator Alcatraz”, instalado en una antigua pista de aterrizaje en el condado de Miami-Dade, fue construido hace poco más de un mes por el gobierno estatal. Mientras el litigio avanza, también surgen preocupaciones sobre la expansión de este modelo: según documentos oficiales, el estado de Florida, bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, ya adjudicó contratos para un segundo centro de detención en el norte del estado.
La decisión judicial representa un revés temporal para el gobierno estatal y federal, pero abre la puerta a un debate más amplio sobre los límites legales, éticos y ambientales en la gestión migratoria en Estados Unidos.
