Dilley, Texas, 1 de junio de 2026 – Familias migrantes detenidas en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley (DIPC) continúan reportando problemas con el agua potable del recinto, quejándose de su sabor, olor y apariencia. Ante la incertidumbre, muchos optan por comprar agua embotellada, especialmente para proteger la salud de los niños.
El centro, administrado por la empresa CoreCivic y con capacidad para 4,200 camas, opera desde marzo de 2025 bajo un contrato con ICE. Pese a las reiteradas quejas de detenidos, congresistas y organizaciones de derechos humanos, la calidad exacta del agua en las instalaciones sigue sin ser confirmada de manera directa.
CoreCivic ha asegurado que la Ciudad de Dilley realiza pruebas mensuales independientes del suministro de agua para verificar su seguridad. Sin embargo, documentos oficiales de la ciudad correspondientes a 2025 muestran que no se realizaron muestreos específicos en el DIPC.
La administradora municipal, Yolanda Morán, entregó reportes de pruebas realizadas en siete puntos de Dilley, incluyendo zonas residenciales, la carretera Crawford Road, el acueducto del Civic Center y el punto identificado como “Prison West Highway 85”, correspondiente a una prisión estatal ubicada a poco más de una milla del centro de detención.
Las pruebas en esa prisión cercana indican que el agua está libre de bacterias coliformes y E. coli. No obstante, un experto en tratamiento de agua consultado señaló que las muestras deben tomarse directamente en el sitio evaluado para detectar posibles contaminaciones derivadas de las tuberías o sistemas de almacenamiento internos.
CoreCivic indicó que el agua que llega al DIPC es la misma que se suministra al resto de la ciudad y que los grifos de las instalaciones cuentan con filtros. Además, mencionó evaluaciones realizadas por la Comisión de Calidad del Medio Ambiente de Texas que, según la empresa, confirman que el agua es segura. Estos informes no han sido publicados públicamente.
Hasta el momento, la ciudad no ha entregado el Reporte de Confianza del Consumidor consolidado correspondiente a 2025, el cual se espera esté disponible en julio.
El caso ha generado críticas de figuras como el representante Joaquín Castro y de Amnistía Internacional, que han exigido el cierre del centro, argumentando violaciones a los derechos humanos, incluyendo el acceso inadecuado a agua potable de calidad.
Las autoridades locales y la empresa operadora mantienen que el suministro cumple con los estándares, pero la falta de pruebas directas en el DIPC mantiene viva la controversia en torno a las condiciones de detención de las familias migrantes.
Imágen cortesía: Prensa Asociada
