ACLU y otras organizaciones de derechos civiles alegan ante una corte federal que la sección 10 de la norma estatal no se corresponde con la ley migratoria federal y que un estado no puede legislar de forma unilateral sobre materias que competen al Gobierno.
Una coalición de organizaciones de derechos civiles interpuso este lunes una demanda federal contra la ley “anti-inmigrantes” SB 1718, impulsada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y que entró en vigor el pasado 1 de julio, alegando entre otros motivos que resulta inconstitucional que un estado regule de forma unilateral una materia de competencia federal.
La querella se centra sólo en la parte de la ley que criminaliza el traslado de indocumentados desde otros estados a Florida, la sección 10, calificándolo de “tráfico de personas” e imponiendo así castigos que van de multas hasta prisión. Por indocumentados, la ley se refiere a migrantes que entraron al país de forma irregular y no fueron “inspeccionados” por las autoridades federales. Según la demanda, sin embargo, el término “inspección” no es congruente con la norma federal de inmigración y se usa en la ley de Florida de forma “incoherente e inconstitucionalmente vaga”.
Los demandantes son la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Florida (ACLU, en inglés), Estadounidenses por la Justicia de los Inmigrantes, el Consejo Estadounidense de Inmigración y el Southern Poverty Law Center en representación de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y personas indocumentadas afectadas por la legislación estatal.
La norma ha provocado un éxodo silencioso de inmigrantes hacia otros estados y una escasez de mano de obra en algunas de las industrias más importantes de Florida como la agricultura, construcción y servicios.
