El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha emitido un fallo histórico que allana el camino para la creación de la Superliga, al considerar que las normativas de la FIFA y la UEFA contravienen el derecho europeo. Según el TJUE, la UEFA y la FIFA han abusado de su “posición dominante” al imponer restricciones a la formación de la Superliga, marcando un hito en la lucha por la autonomía de los clubes.
En su dictamen, el TJUE sostiene que las normas de la FIFA y la UEFA, que requieren autorización previa y amenazan con sanciones a los clubes que participen en competiciones como la Superliga, son ilegales. Se destaca la ausencia de criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados en las facultades de la FIFA y la UEFA, permitiendo así la apertura a nuevas competiciones sin necesidad de aprobación previa.
Bernd Reichart, CEO de A22, celebró la decisión del TJUE afirmando: “Hemos obtenido el derecho a competir. Se ha terminado el monopolio de la UEFA. El fútbol es GRATIS. Los clubes ahora están exentos de la amenaza de sanciones y son libres de determinar su propio destino”. Reichart propone que todos los partidos de la Superliga sean accesibles de forma gratuita, resaltando la importancia de devolver el fútbol a los aficionados.
La respuesta desde LaLiga fue contundente, describiendo la Superliga como un modelo egoísta y elitista. Javier Tebas, presidente de LaLiga, abogó en sus redes sociales por reglas transparentes y objetivas en la aprobación de competiciones, señalando la necesidad de evitar el libre criterio de los dirigentes de la FIFA y la UEFA, que podría constituir un abuso de poder dominante.
El fallo completo del TJUE destaca que las normas de la FIFA y la UEFA violan el Derecho de la Unión al restringir la competencia y la libre prestación de servicios. Además, señala que las reglas sobre la explotación comercial pueden perjudicar a clubes, empresas de medios y consumidores al limitar la innovación en competiciones.
Ahora, la atención se centra en el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, que deberá evaluar si estas normas benefician a los diferentes grupos de interés del fútbol, abriendo la posibilidad de una redistribución solidaria de ingresos generados por los derechos de difusión.
