Un panel de jueces federales comenzará este miércoles a evaluar si el nuevo mapa congresional de Texas, redibujado este verano para otorgar a los republicanos cinco escaños adicionales, puede ser utilizado antes de las elecciones de mitad de período de 2026.
Grupos de derechos civiles y decenas de votantes negros e hispanos han presentado una demanda argumentando que el rediseño reduce deliberadamente la influencia de las minorías, en violación de la Ley de Derechos de Votación de 1965 y de la Constitución de Estados Unidos. Los legisladores republicanos y autoridades estatales sostienen que el mapa constituye una manipulación partidista legal.
El nuevo plan elimina cinco de los nueve distritos de “coalición”, donde ninguna minoría es mayoría pero juntas superan en número a los votantes blancos no hispanos, y crea tres nuevos distritos de mayoría minoritaria. Críticos advierten que estos nuevos distritos son “falsos”, pues los votantes blancos podrían seguir decidiendo los resultados.
“Los estados tienen que seguir reglas cuando redistribuyen distritos”, afirmó Nina Perales, abogada de los demandantes, subrayando que la redistribución debe proteger el proceso democrático. Por su parte, los abogados de Texas defienden el mapa como un equilibrio necesario frente a manipulaciones anteriores de demócratas.
El caso, visto por un panel de tres jueces nombrados por Trump, Obama y Reagan, será un termómetro del alcance que puede tener la redistribución de distritos en la política estadounidense y su impacto en los votantes minoritarios.
