El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este miércoles 18 de marzo desechar la impugnación relacionada con el caso de Pío López Obrador, al considerar que los videos difundidos no constituyen prueba suficiente para acreditar financiamiento ilícito.
La decisión se tomó sin discusión en el pleno, al avalar el proyecto presentado por la magistrada Mónica Soto, en el que se concluye que no existen elementos para asegurar que los recursos observados en las grabaciones hayan sido destinados a Morena o a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
La impugnación, promovida por el legislador Federico Döring bajo el expediente SUP-RAP-1316/2025, buscaba que se realizara una investigación más amplia sobre los hechos.
El caso se remonta a 2020, cuando el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer videos en los que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, exfuncionario vinculado al gobierno de Chiapas. En su momento, León sostuvo que los recursos eran para “proyectos personales”, mientras que Pío negó que se tratara de financiamiento para campañas políticas.
Previamente, en agosto de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había determinado no sancionar a Morena ni a Pío López Obrador, tras concluir que no había evidencia de que el dinero estuviera relacionado con actividades electorales. La Unidad de Fiscalización informó que, pese a requerir datos a diversas instituciones, no se detectaron irregularidades ni se pudo confirmar el origen o destino de los recursos.
Asimismo, la consejera Carla Humphrey señaló que no se encontraron anomalías financieras durante las indagatorias. Aunque las autoridades buscaron que los involucrados declararan, estos no acudieron a comparecer.
Tras la difusión de los videos, Pío López Obrador interpuso una demanda por difamación contra Loret de Mola, en la que solicitó una indemnización millonaria.
Con esta resolución, el Tribunal da por concluido el caso en el ámbito electoral, al no acreditarse violaciones a la normativa vigente.
