Nueva York, 29 de abril de 2026.- El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito dictaminó de manera unánime que el gobierno federal no puede mantener detenidos de forma obligatoria a inmigrantes sin otorgarles el derecho a una audiencia de fianza, al considerar que esta política plantea “serias cuestiones constitucionales”.
El fallo se emitió en el caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño que ingresó a Estados Unidos alrededor de 2005, solicitó asilo en 2016 y ha vivido en Massachusetts con su esposa y dos hijos ciudadanos estadounidenses. Barbosa da Cunha, quien nunca ha sido arrestado ni acusado de delito alguno y dirige una pequeña empresa de construcción, fue detenido en septiembre de 2025 bajo una orden administrativa y sometido a un proceso de expulsión.
El panel de tres jueces concluyó que la interpretación del gobierno sobre la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 contradice el texto claro, el propósito y la historia legislativa de la norma. Según los magistrados, el Congreso estableció un sistema escalonado según el tiempo que el inmigrante ha residido en el país, lo que permite considerar fianza para personas con arraigo y sin antecedentes penales.
El juez Joseph F. Bianco, quien redactó la opinión, señaló que se suman a la abrumadora mayoría de jueces federales —alrededor del 90%— que han rechazado esta novedosa interpretación del gobierno. El fallo abre la posibilidad de que el caso llegue eventualmente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La política implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde julio de 2025 busca negar audiencias de fianza a la mayoría de los inmigrantes detenidos, tratándolos como solicitantes de admisión recientes, incluso si llevan años viviendo en el país.
Abogados de derechos de los inmigrantes celebraron la decisión, argumentando que la detención obligatoria sin posibilidad de revisión viola garantías constitucionales y la decencia básica. Por su parte, autoridades federales defendieron la medida como una aplicación estricta de la ley y adelantaron que buscarán su validación en instancias superiores.
Este fallo del Segundo Circuito contrasta con decisiones previas de otros circuitos de apelaciones que han respaldado la posición del gobierno, lo que genera una división judicial que podría requerir una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema.
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