El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado luz verde a la realización de redadas migratorias en lugares previamente considerados “protegidos”, como escuelas, iglesias y hospitales. Esta medida, que ha generado una gran preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, amplía los espacios en los que las autoridades migratorias podrán llevar a cabo operativos de detención.
Históricamente, ciertos espacios públicos y privados como centros educativos, templos religiosos y hospitales han sido considerados zonas sensibles, en las cuales las redadas de inmigración se realizaban bajo estrictas restricciones. Sin embargo, con esta nueva disposición, se abre la posibilidad de que oficiales de inmigración puedan llevar a cabo arrestos sin el consentimiento previo de las instituciones involucradas.
La decisión ha sido fuertemente criticada por grupos de activistas que argumentan que la medida pone en peligro a las comunidades migrantes, especialmente a aquellas personas que buscan refugio o asistencia médica. Además, se teme que esta política genere un ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades inmigrantes, lo que podría llevar a la evasión de servicios esenciales, como atención médica en hospitales o la participación de estudiantes en actividades escolares.
Por otro lado, el gobierno de Trump sostiene que estas acciones son necesarias para cumplir con su agenda de control migratorio y garantizar la seguridad en el país. A pesar de las críticas, la administración ha defendido la ampliación de los operativos como un paso clave para combatir la inmigración ilegal.
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